12.237 beneficiarios de ayudas al alquiler de vivienda

994 en lista de espera que accederán cuando se completen los plazos

Las ayudas al alquiler de la Junta de Castilla y León alcanzarán por quinto año consecutivo a todas las solicitudes que cumplen los requisitos, según ha explicado este martes el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En concreto, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicará este jueves, 11 de febrero, las subvenciones aprobadas para 12.237 beneficiarios, mientras que otros 994 que cumplen también los requisitos integran la lista de espera, los cuales recibirán también la ayuda cuando se complete el proceso.

En este sentido, Suárez-Quiñones ha recordado que estadísticamente, entre un nueve y un diez por ciento de las personas a las que se les concede la ayuda no llega a justificar los gastos, por lo que estas subvenciones quedan vacantes para las personas en lista de espera, de las que tampoco todas justifican los gastos, de modo que finalmente se podrán atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos y justifiquen los pagos con el presupuesto de 20,3 millones de euros habilitados en esta convocatoria, con lo que sería el quinto año consecutivo en que se consigue este fin.

Así, mientras otros años se producían a posteriores ampliaciones del presupuesto para cubrir estas solicitudes, en esta ocasión la Consejería optó por aumentar en más de cinco millones la partida inicial, hasta los 20,3 millones de euros con los que se logrará atender a todas.

El consejero se ha referido a los datos pormenorizados de la resolución, cuyos listados se podrán consultar en la página web de la Junta de Castilla y León, en los Servicios Territoriales de Fomento de cada provincia, en el teléfono 012 (983 327 850) y en la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.

Suárez-Quiñones ha estado acompañado por la directora general, María Pardo, mientras que de forma telemática han estado en la presentación representantes del Diálogo Social –CEOE, UGT y CCOO–.

13.231 BENEFICIARIOS

El total de beneficiarios este año que cumplen los requisitos exigidos asciende a 13.231. De ellos, 12.237, el 92,49 por ciento, recibirán la ayuda próximamente por ser los más necesitados, y otros 994, el 7,51 por ciento, quedarán a resultas del sobrante de fondos después del proceso de justificación del cumplimiento de requisitos de ese primer listado.

Por provincias, el mayor número de solicitudes presentadas, 4.398 (un 21,93 por ciento), se registró en Valladolid, seguida de León, con 4.135 (el 20,62 por ciento); Salamanca, 3.066 y el 15,29 por ciento; Burgos, 2.438 y el 12,16 por ciento; Ávila, 1.501 y el 7,48 por ciento; Segovia, 1.452 y el 7,24 por ciento; Palencia, 1.192 y el 5,94 por ciento; Zamora, 1.165 y el 5,81 por ciento, y Soria, 709 y el 3,53 por ciento.

De las 12.237 concedidas, 2.608 correspondieron a la provincia de León, 2.475 a Valladolid, 1.989 a Salamanca, 1.341 a Burgos, 1.051 a Ávila, 920 a Segovia, 817 a Zamora, 680 a Palencia y 356 a Soria.

En el periodo 2014-2020, la Junta de Castilla y León ha concedido 58.306 subvenciones por un importe de 86,3 millones, de las cuales 12.959 procedían de Valladolid, 12.142 de León, 8.813 de Salamanca, 6.579 de Burgos, 4.861 de Ávila, 4.331 de Segovia, 3.457 de Zamora, 3.245 de Palencia y 1.919 de Soria.

El importe medio de subvención de la lista principal asciende a 1.657 euros, con el 61 por ciento de los beneficiarios (7.457), mujeres y el 39 por ciento (4.780), varones. Asimismo, del total de beneficiarios, 3.441 son jóvenes menores de 35 años (el 28,12 por ciento), lo que en términos económicos supone 6.778.996 millones (el 33,42 por ciento del total), los cuales no reciben un 40 por ciento de la renta anual, como los demás, sino el 50, al igual que los mayores de 65 años, dos grupos que reciben una discriminación positiva en la convocatoria.

En este sentido, del total de beneficiarios, 856 son mayores de 65 años, el siete por ciento, mientras que el importe destinado a mayores asciende a 1.601.417 euros, el 7,89 por ciento del total. Además, el 64,12 por ciento de los beneficiarios tiene ingresos inferiores a una vez el IPREM (7.519,59 euros).

En la convocatoria de este año, por otro lado, se han incrementado los ingresos de las unidades de convivencia que pueden solicitar la subvención, pasando de 2,5 a tres veces el IPREM, y se han aumentado las cuantías de las rentas máximas mensuales, pasando de 350 en el medio rural y 475 euros en capitales con rentas más caras a 375 en el medio rural y 500 euros en Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid respectivamente.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios de valoración recogidos en la convocatoria establecen la preferencia para aquellas unidades de convivencia con menores ingresos y mayor número de miembros y la existencia de menores de 16 años.

Los 12.237 primeros beneficiarios recibirán un SMS de la Junta de Castilla y León con la advertencia de que disponen de un mes para aportar los justificantes bancarios del pago de la renta de los meses subvencionables, de enero a diciembre de 2020 ambos incluidos.

El consejero ha ensalzado el trabajo «ingente» y el esfuerzo del personal de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo para resolver «decenas de miles de documentos» con las dificultades añadidas por la situación de pandemia.

Juan Carlos Suarez-Quiñones ha abogado por esta política de apoyo al alquiler que ofrecen «seguridad» al propietario y favorecen un aumento de la oferta que a su vez contribuya a «estabilizar los precios» en lugar de otras como las defendidas por la parte de Podemos en el Gobierno de España tendentes a controlar los alquileres «sobre la base de tensionar los derechos constitucionales de propiedad privada y libertad de empresa».

Así, ha citado un informe del Banco de España que desaconseja este tipo de estrategias que «contraen el mercado del alquiler» y se ha mostrado de acuerdo con las declaraciones del ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en las que no compartía la estrategia de Podemos.

Además, el consejero ha recordado que la exigencia de justificación bancaria para percibir las ayudas de la Junta en el pago de la renta contribuye a la regularidad fiscal de este sector de rentabilidad inmobiliaria.

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