Reclama además la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Transportes y vuelve a rechazar el Mapa de Transportes
La directora general de Transportes y Logística de Castilla y León, Laura Paredes, reclamó hoy al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que analice y tenga en cuenta “las particularidades de cada territorio” para la implantación del ‘Billete único’, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026. En ese sentido, pidió “no actúe de forma unilateral, sino que se haga de manera consensuada con las comunidades autónomas”.
Sobre este asunto, mostró su preocupación por su implantación sin tener en cuenta a las comunidades autónomas, tanto desde el punto de vista tecnológico como de compensación a los operadores de transportes, teniendo en cuenta que en Castilla y León ya se está llevando a cabo la implantación de la tarjeta única de transporte en toda la Comunidad.
Además, en una reunión de directores generales de Transporte, ha vuelto a pedir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que convoque la Conferencia Sectorial de Transportes y escuche a los consejeros de todas las comunidades autónomas para abordar el Mapa Estatal de Transportes.
En el encuentro, según recoge un comunicado difundido por Ical, se ha vuelto a poner en el centro del debate “la grave interferencia que plantea el borrador del mapa estatal en el avance del mapa del transporte autonómico”. En la Comunidad está aprobado el Decreto 34/2022 de 15 de septiembre, por el que se aprueba el mapa de ordenación del transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, pero no se han podido licitar los nuevos contratos como consecuencia del impacto que tiene el mapa estatal, que supondría la eliminación de 474 paradas en 346 municipios de la Comunidad.
Aparte de la financiación, empeora gravemente la calidad del servicio a los ciudadanos. Además, “en las zonas limítrofes con otras comunidades obligaría a retrocesos y transbordo de viajeros”. “Deben replantear este modelo, teniendo en cuenta las particularidades territoriales y demográficas de Castilla y León, así como garantizar la adecuada financiación de los servicios de transporte público en caso de que se pretenda delegar su gestión a las comunidades autónomas”, señala Paredes. Una solicitud que también trasladaron varias comunidades autónomas al Ejecutivo central.
Frente a la supresión de paradas que plantea el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, desde la Junta de Castilla y León se apuesta por mantener el cien por cien de las paradas, a pesar de que el 90 por ciento de las rutas son deficitarias.
