La Junta de Castilla y León ha constituido esta semana la Comisión Técnica de Coordinación del Juego Responsable, un órgano que nace para velar por la protección social frente al juego problemático
La reunión inaugural se celebró en la Consejería de la Presidencia, con la participación de representantes de diversas áreas del Gobierno autonómico, asociaciones de jugadores rehabilitados, la Federación Regional de Municipios y Provincias, y el propio sector empresarial.
Se trata de una medida incluida en la reforma de la Ley del Juego aprobada el pasado año por las Cortes autonómicas, y que cobra forma tras la aprobación, en marzo, del decreto que regula su composición y funcionamiento.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha recalcado que el objetivo de este nuevo órgano es “garantizar un entorno de juego responsable, seguro y consciente, con controles eficaces y transparencia, y sin perder de vista la correcta actividad de un sector que genera empleo y contribuye a las arcas autonómicas”.
La Comisión estará presidida por Irene Muñoz, directora de Relaciones Institucionales de la Consejería, y contará con representantes de las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades. También se incorporan dos miembros de asociaciones de jugadores patológicos rehabilitados, un representante de la Federación de Municipios y otro del sector del juego.
Durante esta primera sesión, cada uno de los participantes presentó su análisis sobre la situación actual del juego en Castilla y León. El encuentro ha servido para delimitar un marco de trabajo conjunto y marcar las primeras líneas de actuación. Entre las principales tareas de la Comisión está la redacción de la futura Estrategia de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico de la Comunidad.
“La colaboración entre los distintos actores será fundamental para avanzar en un modelo de regulación responsable y sostenible, que proteja a los ciudadanos más vulnerables”, ha señalado González Gago. La Comisión se reunirá de forma periódica para avanzar en el diseño de políticas de los riesgos del juego.
