Suárez-Quiñones defiende el decreto ley como un avance histórico para bomberos forestales

Un orador en el VII Congreso ITE+3R en Palencia discutiendo sostenibilidad.
Juan Carlos Suárez-Quiñones en Palencia. Fotografía: Lucía Burón Cabrero

Una decena de bomberos y agentes forestales se manifiesta en el Congreso ITE+3R contra las medidas de la Junta de Castilla y León, que consideran insuficientes y no consensuadas

J.G.P. / ICAL

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, destacó hoy en Palencia la aprobación, el pasado jueves, de dos decretos leyes que calificó como “muy importantes” para la prevención y extinción de incendios forestales.

Según el consejero, uno de estos decretos aborda “aspiraciones y reivindicaciones históricas” del personal público y privado del sector, incorporando mejoras significativas, como el reconocimiento oficial de la figura del bombero forestal, en línea con la normativa nacional. “Es un instrumento de eficacia inmediata que recoge mejoras importantes”, afirmó Suárez-Quiñones, subrayando que el decreto se implementará antes de finalizar 2025 y se desarrollará en convenios colectivos y otras normas laborales.

Sin embargo, las declaraciones del consejero se producen después de que fuera recibido con la protesta de una decena de bomberos forestales y agentes medioambientales que se concentraron a las puertas del Congreso ITE+3R sobre transformación de ciudades y territorios. Los manifestantes denunciaron la falta de diálogo y consenso en la elaboración del decreto, al que consideran una “imposición” de la Junta. Fernando Manrique, agente medioambiental, criticó que las medidas “no mejorarán el operativo” y señaló desigualdades salariales, como un complemento de peligrosidad y toxicidad que beneficia más a quienes no acuden a los incendios. “Los que nos jugamos la vida, tragamos humo y pasamos penurias, quedamos al margen”, lamentó.

Por su parte, Eduardo Frías, bombero forestal, denunció las “pésimas condiciones laborales” y la “desorganización absoluta” del operativo este verano, exigiendo un servicio “100 por cien público” sin depender de empresas como Tragsa o Somacyl. Los manifestantes también expresaron su frustración por la falta de avances en la negociación de un decreto de guardias, paralizado desde hace dos años, y la percepción de que la Junta “mira hacia otro lado” ante sus demandas.

Suárez-Quiñones, por su parte, restó importancia a las protestas, calificándolas como la expresión de un “grupo absolutamente minoritario” y defendiendo el compromiso de la Junta con una “inversión muy relevante” en el sector. No obstante, los manifestantes insisten en que las mejoras prometidas no son suficientes y que el decreto no responde a las necesidades reales de quienes combaten los incendios en primera línea.

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