La ministra reclama desde Palencia que la Comunidad aporte más recursos, comparta datos y blinde el parque público para acceder a la financiación
Jesús García-Prieto / ICAL
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, la socialista Isabel Rodríguez, puso hoy sobre la mesa 378 millones de euros para Castilla y León dentro del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 (un 371 por ciento más que los 101 millones del plan anterior) a condición de que la Junta, gobernada por el PP, aumente su aportación actual del 20 por ciento, blinde para siempre el carácter público de las viviendas construidas y entregue los datos de demandantes y precios reales de alquiler.
Rodríguez anunció también que las ayudas a jóvenes para comprar o rehabilitar en el medio rural pasarán de 10.800 a 15.000 euros y se extenderán por primera vez a municipios de hasta 20.000 habitantes en la clausura en Palencia de la conferencia sectorial del PSCyL ‘Atrévete, la vivienda es futuro’, donde respaldó a Carlos Martínez como candidato socialista a la Junta.
En el plano autonómico, Rodríguez acusó al PP de practicar durante cuatro décadas una “dejación de funciones, cuando no negligencia” en materia de vivienda, educación, sanidad o dependencia. “No lo hacen porque no se lo creen”, sentenció, y vinculó esta actitud a una falta de fe en el modelo autonómico nacido de la Constitución de 1978.
Frente a ello, elogió el “liderazgo renovado y con energía” del PSOE de Castilla y León y presentó a Carlos Martínez como “un líder del municipalismo no solo en España, sino en el mundo” que ya transformó Soria y que está llamado a hacer lo mismo con la Comunidad.
El anuncio estrella llegó con el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que el Gobierno aprobará “muy pronto” y que supondrá triplicar la inversión estatal hasta 7.000 millones de euros. “Para ello necesitamos saber cuántas personas están demandando una vivienda y dónde la están demandando y qué tipos de familias son», se preguntó la ministra. «¿Por qué no quieren compartir los datos? ¿Por qué no quieren transparencia?”, se cuestionó de nuevo Rodríguez, que comparó esta negativa con la ocultación de los datos de los cribados en otras comunidades.
Durante su intervención, Rodríguez repasó el balance del Gobierno socialista desde 2018, en el que recalcó el presupuesto ministerial “multiplicado por ocho (de 450 a más de 3.500 millones)”, la “estabilidad en el alquiler con contratos de cinco y siete años”, la aprobación de la “primera Ley por el Derecho a la Vivienda de la democracia”, la creación de una empresa pública estatal de vivienda y transformación de la Sareb “en el mayor promotor europeo de vivienda asequible”, afirmó. “Aquellas casas que se desahuciaron a las familias con dinero público hoy son para las familias”, subrayó en declaraciones recogidas por Ical.
Defendió tres grandes ejes para los próximos años con más oferta pública y perpetua, más regulación y más ayudas directas a los colectivos y territorios que más lo necesitan. En este sentido, avanzó que el PERTE de vivienda industrializada incorporará ayudas directas de 4.000 euros por vivienda y hasta 8.500 euros en zonas tensionadas, y que se incentivará especialmente la construcción rápida y sostenible.
La ministra respaldó sin reservas la propuesta de Carlos Martínez de crear un consorcio público autonómico de vivienda. “Con o sin la Junta, seguiremos adelante con los ayuntamientos, con la empresa pública estatal, con promotores sociales y privados responsables, con entidades bancarias que colaboran y con los movimientos sociales. Somos más los que queremos resolver el problema”, añadió.
En el cierre, Rodríguez situó la vivienda como “el quinto pilar del Estado del bienestar” que “el PSOE ya levantó con la educación, la sanidad, las pensiones y la dependencia”, concluyó la ministra, que puso fin a la conferencia de los socialistas sobre la vivienda en Palencia.
