Detecta irregularidades graves en la convocatoria para la redacción del proyecto y ordena la suspensión cautelar del procedimiento
Los regantes de la Comunidad de Saldaña, Carrión y Villamoronta expresaron su “profunda inquietud y malestar” tras la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) de suspender cautelarmente el procedimiento de contratación para la modernización de 3.500 hectáreas de regadío, una obra considerada vital para el futuro del campo en la zona.
El organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, paralizó la licitación al detectar “irregularidades graves” en la convocatoria realizada por la junta de gobierno de la propia Comunidad de Regantes, que se habría saltado los requisitos legales establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. La resolución del TACRC subraya que seguir adelante con el proceso “podría causar perjuicios de difícil o imposible reparación” y ordena la suspensión hasta que se resuelva el recurso presentado.
Los agricultores denunciaron en un comunicado recogido por Ical, que, a pesar de conocer la existencia del recurso y la suspensión automática prevista por ley, la entidad convocante continuó avanzando y llegó incluso a celebrar mesa de contratación. “Esto agrava aún más la situación y aumenta el malestar de los propietarios, que no estamos dispuestos a asumir las consecuencias económicas de saltarse decisiones judiciales”, aseguran los regantes, que advirtieron que “los responsables de estas decisiones deberán asumirlas con su dinero, no con el de la comunidad, que somos todos”.
La modernización, con una inversión global superior a los 64 millones de euros (47,57 millones de aportación estatal y 16,71 millones de la Junta de Castilla y León), está dividida en dos fases ya convenidas y representa “una oportunidad histórica” para mejorar la eficiencia hídrica y la sostenibilidad de las explotaciones. “No podemos permitir que se retrase o se ponga en riesgo por errores administrativos o convocatorias irregulares realizadas desde la propia Comunidad de Regantes”, subrayaron los afectados.
Los regantes exigieron a sus dirigentes “responsabilidad, transparencia y rigor” y reclamaron que el procedimiento se ajuste estrictamente a la legalidad antes de reanudarse. “El campo de Palencia no debe pagar las consecuencias de una mala gestión que amenaza un proyecto clave para nuestro futuro”, concluyeron, insistiendo en que “cada euro invertido debe aplicarse correctamente y sin más obstáculos”.
