Los grupos defienden la necesidad de contar con una normativa propia para estos profesionales, mientras los ‘populares’ ven un interés «electoralista»
El pleno de las Cortes tomó hoy en consideración la proposición de ley del cuerpo de agentes medioambientales de UPL-Soria Ya, con el ‘sí’ de toda la oposición y la abstención Grupo Popular y los dos procuradores no adscritos -Javier Teira y Ana Rosa Hernando-, mientras el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, parlamentario ‘popular’ por Palencia, apretó el botón del ‘no’. De esta forma, inicia su tramitación parlamentaria en la recta final de la undécima legislatura, a la que de momento le quedan dos sesiones plenarias más.
Varios dirigentes sindicales, representantes de los agentes medioambientales, siguieron desde la tribuna de invitados el debate sobre la iniciativa legislativa de UPL-Soria Ya, registrada en mayo y que fue descartada por la Mesa de las Cortes en septiembre por el informe contrario de la Junta ya que estimaba iba a suponer un gasto adicional de al menos 10,64 millones de euros. No obstante, fue rescatada en octubre y ahora, tras el apoyo del pleno, comienza su tramitación que el PP ve “imposible” completar en esta legislatura.
El texto propone la creación del cuerpo de agentes medioambientales para lo que define sus competencias y atribuciones, con el objetivo de fortalecer su papel en la protección del medio ambiente. También, aborda aspectos clave como la dotación de medios materiales, la formación continuada, la promoción profesional o la integración en el grupo de titulación exigida.
El portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, recurrió a la figura de su “amigo Elías”, agente medioambiental retirado, para presentar la proposición y denunciar que estos profesionales, que cuidan de más del 50 por ciento del territorio, no cuentan con una normativa “clara”, lo que en su opinión genera “inseguridad”, “desigualdad” y un “deterioro” del servicio en la Comunidad.
De esta forma, Ceña insistió en que es una regulación “necesaria” para dotarles de herramientas, así como para reconocerlos como agentes de la autoridad. Además, señaló que permitirá acabar con la “deuda” que tiene la Junta con este cuerpo desde hace 19 años, ya que señaló se les exige una titulación superior por lo que debería estar en el grupo ‘B’ y no en el ‘C1’.
También, el portavoz de Soria Ya defendió que dependan de la Consejería de la Presidencia, una jefatura unificada, así como una mejor formación a través de la creación de una escuela. En conjunto, señaló que se trata de crear una normativa que genere “más profesionalización y especialización”, así como para ayudar a combatir la despoblación.
Por el contrario, el ‘popular’ Antonio Mendoza cuestionó la tramitación de esta normativa porque no existe financiación para aplicar la ley estatal básica aprobada hace un año. Además, señaló que el texto propuesto afecta a otras categorías e incluso, señaló, que su labor de “policía” duplica la labor del Seprona de la Guardia Civil. Además, reprochó a Soria Ya y Vox su interés “electoralista” con esta ley cuando han tumbado los nuevos presupuestos y cuando es “imposible” su aprobación, por lo señaló es un “engaño” para quienes consideró son un “icono” y una de las figuras “más conocidas y respetadas” en el medio rural.
Apoyos
El socialista Fernando Pablos criticó que la Junta no haya adaptado su normativa a la ley estatal antes del pasado 9 de noviembre como estaba previsto y recordó la propuesta del PSOE del año pasado, rechazada entonces por PP y Vox. Sin una normativa “sólida”, a su juicio la labor de estos “guardianes” del medio ambiente, se ve comprometida, por lo que consideró una “auténtica vergüenza” que la Junta se oponga por diez millones.
El procurador de Vox Ignacio Sicilia aseguró que señaló que no están plenamente de acuerdo con la propuesta, sí la consideró un “buen punto de partida”, ya que señaló estos profesionales están “desamparados” y necesitan ver reducida su sobrecarga administrativa. “Es necesaria una reorganización racional de este cuerpo”, dijo y afeó a la Junta que haya dejado pasar un año sin presentar una ley que ahora plantea UPL-Soria Ya.
En nombre de Unidas Podemos, Pablo Fernández puso en valor el trabajo de los agentes medioambientales, que aseguró combatiendo los incendios de este verano en unas condiciones “deplorables”. Además, apeló al consenso para tramitar esta norma y consideró “increíble” que la Junta se oponga a esta norma por suponer un gasto de diez millones cuando gestiona un presupuesto de 15.000.
El procurador Francisco Igea criticó que la Junta aduzca un gasto de 10,6 millones para no tramitar la propuesta, pero recalcó que diez millones es el importe “estándar” de los “regalos clientelares” que figuraban en el proyecto de presupuestos de 2026. “No veremos su fin”, dijo sobre esta ley, pero apostó por reivindicar el trabajo del parlamento.
Finalmente, Pedro Pascual, de Por Ávila, apostó por contar con una regulación “profunda”, desde el “mayor consenso posible”, para dar más estabilidad laboral a este cuerpo, mejorar su formación y profesionalización, así como para incrementar la la seguridad jurídica.
