Los grupos coinciden en señalar la oposición de todos los sectores afectados al documento, defendido por Suárez-Quiñones bajo la premisa de suponer “la única oportunidad para dar más seguridad” ante los incendios de la próxima campaña
ICAL
Todos los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León votaron hoy en contra del decreto-ley de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales planteado por la Junta, ante la perspectiva compartida por PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y Grupo Mixto de que el Gobierno autonómico pretende “trasladar la responsabilidad” a los ayuntamientos.
Además, los grupos también justificaron su voto en contra, con el que quedó derogado el decreto-ley frente al riesgo de incendios, en que todos los sectores afectados por las medidas están en contra de las mismas, mientras que la Junta, a través del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, justificó la urgencia del texto por suponer “la única oportunidad para dar más protección y seguridad a los ciudadanos ante los incendios de la próxima temporada”.
Precisamente fue Suárez-Quiñones quien realizó la defensa del Decreto-Ley de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales en el Pleno celebrado hoy, en el que aseguró que el documento introduce “importantes modificaciones” en las leyes de montes, de patrimonio natural, de urbanismo y de carreteras para lograr una mayor eficacia en el operativo de lucha contra incendios.
Reformas “necesarias y urgentes que no cabe hacerlas más que con este instrumento legal habida cuenta del fin de legislatura”, apuntó Suárez-Quiñones, que tras revisar el articulado del Decreto-Ley, advirtió que supone “la única oportunidad para dar más protección y seguridad a los ciudadanos ante los incendios de la próxima temporada”.
Incidió en la necesidad de aprobar este documento el procurador ‘popular’ Alberto Castro, que calificó la iniciativa legislativa como “excepcional” ante los grandes incendios del pasado verano en el noroeste de Castilla y León, y aseguró que el texto está basado en “datos técnicos”.
Además, y dirigiéndose a los grupos, consideró “malintencionadas” las declaraciones que aseguran que los fuegos del pasado verano se hubiesen apagado antes si se hubieran tomado las medidas propuestas por la oposición, y recordó que los incendios “son provocados” en el 80 por ciento de los casos, algo que “nada tiene que ver con la acción legislativa”.
Juego “sucio”
Sin embargo, el socialista Pedro González Reglero mostró la postura en contra de su grupo, en primer lugar porque el Decreto-Ley fue defendido por Suárez-Quiñones, que “debía haber dimitido” hace meses pero que “sirve de parapeto al presidente”. Señaló asimismo que con el texto “se han ignorado los informes de los servicios jurídicos” de la propia Junta, y calificó el documento como “una reforma estructural encubierta” bajo la excusa de la “urgencia”.
“Tiempo han tenido pero no lo han presentado”, criticó el procurador socialista, que señaló asimismo que la presentación ahora responde al objetivo de la Junta de llevarlo a las Cortes como Decreto Ley y evitar que se puedan presentar enmiendas. “Si aceptamos esto, no hay tiempo material”, reseñó, planteando que el Gobierno autonómico “ha jugado sucio”.
Además, consideró que Junta “no ha escuchado a nadie” y traslada “toda la responsabilidad a agricultores, ganaderos, propietarios y ayuntamientos, sin medios técnicos ni apoyo económico”, por lo que “no es política forestal, es burocracia punitiva”. “La protección de nuestros montes no puede improvisarse”, concluyó.
La respuesta, de nuevo en boca de Alberto Castro, criticó la “poca vergüenza” de hacer “un mitin” de los incendios “sin culpar a quienes los provocan”, y señaló a los socialistas como personas “poco de fiar”, porque es el Real Decreto del Gobierno sobre incendios el que determina “las obligaciones que hoy ya tienen los ayuntamientos”, porque son los que deben “aprobar un plan municipal si el municipio tiene riesgo, organizar recursos para prevención y extinción y mapear el territorio para escenificar riesgos”.
Por ello, la Junta “establece un marco jurídico y una herramienta” a través de las diputaciones “para no dejar solos a los ayuntamientos” y actuar de forma “responsable”, frente a una oposición a la que dijo: “Sacar rédito político de una desgracia es lo indecente”.
En la dúplica durante el debate mantenido en Cortes, González Reglero consideró que “lo que ha hecho daño a este territorio son las políticas negligentes” de las que acusó al consejero de Medio Ambiente, e incidió en que “todos los sectores afectados por este decreto están en contra”.
Ausencia de diálogo
Desde el Grupo Mixto, Pedro Pascual lamentó la “ausencia de diálogo” que evidencia la “falta de consenso” en un decreto que “no responde a las necesidades de la Comunidad ni de las provincias”, mientras que Francisco Igea se dirigió a Suárez-Quiñones para preguntarse “qué ha sido de aquel hombre que hizo Derecho para administrar Justicia” y ahora esté “peleando su última batalla por la supervivencia”. “Hace tiempo que tenía que haberse ido. Mírese el espejo y vuélvase a casa”, concluyó.
Por parte de la UPL, Luis Mariano Santos también se dirigió directamente al consejero para lamentar “la forma que tienen de negociar los decretos”, y afeó que la Junta traslade la responsabilidad a los ayuntamientos. “Debería ser necesario que para ser consejero y ministro, se hubiera pasado por la administración local”, planteó, “porque probablemente evitaríamos que intente descansar sus competencias en los ayuntamientos”.
Finalmente, Ignacio Sicilia, de Vox, consideró inexplicable que “algo que se supone que es tan bueno, no lo compre nadie, ni sus socios del Pacto Verde Europeo”. Por ello, aseguró que “el diagnóstico de la Junta es erróneo y lo que plantean no va a resolver el problema”. Por último, criticó la falta de eficacia del Gobierno autonómico y que ahora quiera aprobar un documento que tiene “de uñas” a los alcaldes de la Comunidad. “Es imposible que nadie apoye esto”, concluyó.
