La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palencia declaró nulo el Programa Operativo 2025-2029 del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Provincial, al considerar que no se ajustaba al ordenamiento jurídico. El plan fue aprobado en pleno el 28 de agosto de 2025 con los votos favorables de PP, Vox y Domiciano Curiel, la abstención de IU y el voto en contra del PSOE.
El Grupo Socialista lamentó en un comunicado que se hubiera llegado a esta situación pese a las advertencias que, aseguraron, ya realizaron durante el debate plenario. Según señalaron, entonces denunciaron incumplimientos e irregularidades que ahora quedaron confirmados por el fallo judicial.
Entre las principales críticas del PSOE figuraba la falta de dotación económica real del operativo. Aunque el programa contemplaba una inversión global de 21 millones de euros, gran parte de esa cantidad estaba destinada a la construcción de nuevos parques en Saldaña, Aguilar de Campoo y Venta de Baños, lo que, a su juicio, dejaba en un segundo plano la contratación de personal. “El modelo del PP es hacer ladrillo, construir edificios, pero no dotar de profesionales”, sostuvieron los socialistas.
En este sentido, también subrayaron que de las 18 plazas de bomberos comprometidas para 2025 solo se habían cubierto nueve, y denunciaron retrasos en las convocatorias públicas y una gestión que, afirmaron, incumplía la normativa vigente, como la Ley de Bases de Régimen Local, además de varias resoluciones judiciales.
La sentencia incidió precisamente en la falta de personal cualificado. El fallo cuestionó el papel de los denominados “bomberos voluntarios” y señaló que, pese a su implicación, no podían equipararse en cualificación a los funcionarios exigidos por la legislación.
Asimismo, el tribunal recogió que el propio programa reconocía la insuficiencia de medios humanos, al prever una incorporación progresiva de efectivos hasta alcanzar una estructura ideal compuesta por un jefe de servicio, un suboficial, un técnico de Protección Civil y 54 bomberos. Mientras tanto, el servicio se apoyaría en personal de ayuntamientos y otras administraciones, una fórmula que el fallo puso en cuestión.
La resolución también criticó que la Diputación regulara aspectos que ya estaban definidos por ley, especialmente cuando el número de efectivos disponibles era claramente inferior al necesario para prestar el servicio en condiciones adecuadas.
Desde el PSOE consideraron prioritario poner en marcha de forma inmediata un servicio de bomberos eficaz para los 190 municipios de la provincia. Reclamaron que se dotara de presupuesto suficiente y, sobre todo, de profesionales cualificados que garantizaran una respuesta adecuada en la prevención y extinción de incendios, ya que, según concluyeron, los resultados hasta ese momento habían sido insuficientes.
