La familia de Matías, alumno del Centro de Educación Especial Carrechiquilla de Palencia, ha iniciado los trámites para solicitar la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia al señalar que no se está cumpliendo con la dotación del recurso de mediación comunicativa que requiere el menor.
La decisión se produce, según explican en un comunicado, tras la falta de respuesta adecuada por parte de la Dirección Provincial de Educación después de la reunión mantenida el pasado 16 de marzo. La familia sostiene que el recurso específico no ha sido incorporado y que la solución planteada por la Administración resulta insuficiente.
En concreto, señalan que la Dirección Provincial ha asignado diez horas de una docente de Audición y Lenguaje (AL) sin formación en Lengua de Signos Española (LSE), una medida que se activó días antes de Semana Santa y de la que, según indican, tuvieron conocimiento el pasado 8 de abril. A su juicio, este perfil profesional no responde a las necesidades del alumno. «El perfil de un AL no es el que Matías necesita. Decir que un especialista en AL suple al mediador es una negligencia técnica», señalan.
La familia cuestiona además que desde la Administración se haya planteado que una mayor asignación de horas podría generar dependencia. “La dependencia se crea cuando no se dispone del recurso necesario para comunicarse”, señalan en su comunicado.
Asimismo, otro de los aspectos que critican es la postura de la Dirección Provincial respecto a la figura del mediador comunicativo. Según exponen, la Administración sostiene que este perfil no existe en el ámbito educativo, algo que la familia rechaza aludiendo a una licitación pública de la propia Junta de Castilla y León, por importe de 800.000 euros para el curso 2025-2026, en la que se contempla este tipo de profesional.
Frente a esta situación, la familia destaca la actuación del propio centro educativo. Según explican, el CEE Carrechiquilla ha tenido que reorganizar sus recursos internos para dar respuesta a la necesidad planteada, reasignando a una docente de Audición y Lenguaje con formación en lengua de signos, aunque esta no es su función habitual.
En este sentido, consideran que la solución adoptada por el centro no puede entenderse como definitiva, al tratarse de una reorganización interna que no garantiza la continuidad del recurso en el futuro.
La familia lamenta que la Administración derive su responsabilidad legal hacia un equipo docente al límite de su capacidad: «Es inadmisible que ofrezcan una solución precaria en lugar de un recurso estable y profesionalizado».
