Tras darse a conocer que el grupo de Izquierda Unida ha llevado a la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática dos denuncias relacionadas con la permanencia de honores y símbolos vinculados al franquismo en dependencias del Palacio Provincial, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha defendido la actuación de la institución y ha asegurado que se ha actuado “siempre dentro de la legalidad”, pidiendo asimismo respeto al procedimiento judicial.
Armisén ha mostrado respeto tanto por las iniciativas de la formación denunciante como por el trabajo de los órganos judiciales, y ha señalado que la Diputación colaborará en todo lo que sea requerido si finalmente se abren diligencias a raíz de estos escritos.
La presidenta ha explicado que la institución ha intentado disponer de un informe técnico que permita valorar con rigor los elementos patrimoniales cuestionados, aunque ha indicado que en estos momentos el Servicio de Cultura no cuenta con personal especializado tras la jubilación de su responsable.
En este contexto, ha afirmado que se exploró la opción de encargar un informe externo e incluso se solicitó colaboración a la Junta de Castilla y León, si bien esas gestiones no llegaron a prosperar. “Hemos intentado solicitar un informe externo, que no ha sido admitido, lo hemos intentado incluso a través de la Junta”, ha señalado.
Armisén ha insistido en que el equipo de gobierno ha tratado de agotar todas las vías posibles para disponer de una valoración técnica antes de adoptar una decisión definitiva sobre estos elementos.
Por último, ha considerado que “judicializar el patrimonio del Palacio Provincial no debe ser el objetivo político” y ha reiterado que la Diputación continuará actuando conforme a los procedimientos administrativos y legales vigentes.
