Además, advierte a las instituciones en relación con el peso específico que debe darse a los méritos profesionales en los procedimientos por concurso
El Consejo de Cuentas dio hoy un toque a las entidades locales, con carácter general, ya que la mayoría no ha aplicado la reserva de cupo de discapacidad en el marco de los procesos de estabilización de empleo temporal analizados por la institución mediante uno de los dos informes de fiscalización aprobados este jueves en sesión plenaria, ambos correspondientes al departamento del sector público local.
La institución emitió, en este sentido, tres recomendaciones para corregir las deficiencias detectadas en futuros procedimientos de estabilización de empleo temporal. En su opinión, las entidades locales han cumplido, con carácter general, con las diferentes pautas y plazos de publicación, convocatoria de las plazas y resolución de los procesos. No obstante, de manera más significativa, no se han publicado las convocatorias en el plazo legalmente previsto en el caso de los Ayuntamientos de Soria, Arija y Cacabelos, ni este último, junto con la Diputación de Burgos, han realizado los procedimientos por concurso de una sola vez, como recoge Ical.
Además, en la regulación de los procesos, resulta relevante, para la institución que una parte significativa de las entidades locales no han atendido las orientaciones dadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en relación con el peso específico que debe darse a los méritos profesionales en los procedimientos por concurso, así como en relación con la valoración desproporcionada y no justificada técnicamente de la experiencia profesional en la propia Administración convocante.
Así, los Ayuntamientos de León, Villaquilambre, Candeleda y Boecillo incumplen lo previsto en la Ley 20/2021, al otorgar mayor puntuación a la experiencia profesional adquirida en otra escala/categoría de la entidad convocante que a la adquirida en la misma escala/categoría de otra Administración, aún local. Otro incumplimiento relevante afecta a los Ayuntamientos de Boecillo y Candeleda, al no haber establecido en las bases ninguna puntuación mínima para superar la fase de oposición.
Con carácter general, las plazas han reunido los requisitos para ser convocadas por procedimientos de estabilización de empleo temporal a excepción de las de los Ayuntamientos de Tudela de Duero, Cabrejas del Pinar y Cedillo de la Torre. El Ayuntamiento de León y la Diputación de Ávila han llevado a cabo el paso de plaza de personal laboral a plaza de personal funcionario sin previsión expresa al respecto e incumpliendo la forma de selección del personal funcionario de carrera prevista en la normativa básica de función pública.
Cumplimento, en general
El pasado año ya se realizó una primera auditoría de esta naturaleza para analizar 20 entidades locales, que ofertaron un total de 966 plazas en tres procesos. En esta segunda ocasión se estudian otras 22 entidades locales, de las cuales 15 son ayuntamientos de diferentes tramos de población (entre ellos los de las capitales de provincia León, Soria y Zamora), otras tres diputaciones (Ávila, Burgos y Palencia) y cuatro entes dependientes de la primera de ellas. En conjunto las 22 entidades han ofertado 2.096 plazas en cuatro proceso.
Según recoge el informe aprobado en la sesión plenaria del Consejo de Cuentas que preside Mario Amilivia, el 55,7 por ciento de las plazas sujetas a procesos de estabilización de empleo temporal, es decir, 1.168 plazas, se han ofertado conforme al procedimiento establecido por la normativa, pues tan solo cinco entidades (Ayuntamientos de León y Tudela de Duero y las Diputaciones de Ávila, Burgos y Palencia) llevaron a cabo estabilización en virtud de lo previsto anteriormente por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y 2018, incorporándose además muchas de estas plazas a los procesos de la Ley 20/2021, al no haberse convocado. Además, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y la Diputación de Ávila efectuaron ofertas de empleo de estabilización en el plazo de vigencia del Real Decreto-ley 14/2021, que se entendió tácitamente sustituido por la Ley 20/2021.
La estabilización ha recaído mayoritariamente sobre el personal laboral, con un 67 por ciento de todas las plazas ofertadas, frente al 33 por ciento que ha incidido en el personal funcionario. El mayor número de plazas ofertadas ha correspondido al Ayuntamiento de León, con 417 (un 35,7 por ciento del total), seguido de la Diputación de Ávila, con 153 plazas (13,1 por ciento), la Diputación de Palencia, con 98 (8,4 por ciento), los Ayuntamientos de Candeleda y Soria, con 80 y 79 plazas, respectivamente (un 6,8 por ciento cada uno), y el Ayuntamiento de Zamora y la Diputación de Burgos, con 74 plazas cada uno (6,3 por ciento). Entre los que menos plazas ofertan se sitúan los tres ayuntamientos menores de 2.000 habitantes, esto es, Arija, Cabrejas del Pinar y Cedillo de la Torre, que totalizan cinco plazas y un porcentaje del 0,4 por ciento del total.
Siete entidades (los ayuntamientos de León, Soria, La Bañeza, Santa Marta de Tormes, Villaquilambre, Carrión de los Condes y Arija) han reducido la tasa de temporalidad estructural por debajo del ocho por ciento, según lo previsto en la ley. Para el resto de las entidades, la tasa después de los procesos de estabilización se sitúa desde el 8,6 por ciento de Boecillo al 33,3 por ciento del Consorcio de Entes Locales Valle del Tiétar; algunas de ellas, como Candeleda, Boecillo, Carrión de los Condes y los dos Consorcios adscritos a la Diputación de Ávila, han reducido su temporalidad sustancialmente, por encima de 60 puntos. En la Diputación de Burgos la tasa apenas se ha reducido.
Informática en Astorga
El Pleno del Consejo de Cuentas aprobó también el informe de seguimiento de recomendaciones sobre la seguridad informática del Ayuntamiento de Astorga (León). Se trata de una auditoría operativa cuyo objetivo principal es la actualización de la situación de los controles básicos de ciberseguridad en relación con la revisión realizada en el ejercicio 2021 y la comprobación de implantación de las medidas recomendadas en la fiscalización anterior.
