Críticas a la cesión del antiguo centro de salud de Aguilar de Campoo a la Guardia Civil
La reciente decisión del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo de ceder el uso del anterior centro sanitario al Ministerio del Interior para su utilización por parte de la Guardia Civil ha desatado críticas, que consideran que esta medida no resuelve los problemas de fondo del cuerpo en la localidad.
Juan José Mangas, vecino de Aguilar y descendiente de varias generaciones de guardias civiles, ha denunciado públicamente que esta cesión supone un parche que desvía la atención de la necesidad real: la construcción de un nuevo cuartel adaptado a las condiciones y exigencias actuales.
El acuartelamiento de la Guardia Civil en Aguilar data de 1968 y, según Mangas, lleva décadas quedando obsoleto. La falta de viviendas oficiales para los agentes ha contribuido a mantener vacantes en la plantilla, ante la dificultad de asumir los elevados costes del alquiler en la villa. Esta situación, asegura, repercute directamente en la seguridad ciudadana y en la calidad del servicio.
Desde su punto de vista, el uso del antiguo centro sanitario como sede administrativa no soluciona los problemas estructurales de fondo ni cubre las necesidades de personal y alojamiento. Al contrario, considera que alivia la presión sobre el Ministerio del Interior y pospone indefinidamente una inversión que Aguilar lleva años esperando.
Mangas también ha cuestionado el discurso oficial que justificó la construcción del nuevo centro de salud, presupuestado en más de siete millones de euros. Recuerda que se insistió en que el antiguo edificio estaba en condiciones ruinosas, pero ahora se reutiliza para albergar servicios de la Guardia Civil. Si no estaba tan deteriorado como se dijo, añade, quizá podría haberse mantenido su uso sanitario, o haberse dedicado a colectivos y asociaciones del municipio.
La crítica también alcanza a la gestión política más amplia de la alcaldesa, María José Ortega, a quien reprocha una actitud pasiva ante cuestiones clave que afectan a los vecinos, como el acceso peatonal a las fábricas de Gullón o la reparación de infraestructuras viarias, que en algunos casos han sido impulsadas por miembros de la oposición.
“La cesión de este edificio no resuelve nada. Solo aplaza el problema del nuevo cuartel para dentro de veinte o treinta años”, concluye Mangas, que lamenta que decisiones como esta se tomen sin tener en cuenta “las verdaderas necesidades del municipio”.
