Amnistía Internacional ha alertado sobre la posibilidad de adquisición y el uso de armas táser por parte de las policías locales de Castilla y León, que por el momento ya están manos de los cuerpos de Aguilar de Campoo (Palencia), Burgos y Toral de los Vados (León).

Según ha informado la organización a través de un comunicado remitido a Europa Press, se ha enviado a todos estos municipios una carta pidiendo conocer si se han adquirido este tipo de armas y en el caso de que así sea, el número de unidades adquiridas, de qué marca y modelo se trata.

También se interesa por las unidades policiales que van a tener este tipo de armamento como equipamiento, el contenido de la formación previa que se va a dar a los agentes, cuánto va a durar dicha formación y quién la va a proporcionar, si se están elaborando protocolos de uso y si se harán públicos y los mecanismos previstos para evaluar el uso de este tipo de armas y garantizar una correcta rendición de cuentas tras su uso.

En este sentido, ha indicado que por ahora sólo ha recibido contestación oficial por parte de Toral de los Vados, cuyo Ayuntamiento ha afirmado que cumplirán con la normativa.

También se ha puesto en contacto con el resto de consistorios de la región que cuentan con Policía Local en sus municipios y, algunos de ellos, capitales de provincia como Palencia, Segovia o Valladolid, o municipios como Bembibre (León), El Espinar (Segovia) o El Burgo de Osma (Soria), han confirmando que no poseen este tipo de armamento.

Las armas de electrochoque, conocidas popularmente como armas ‘táser’, aunque son catalogadas como «menos que letales», pueden causar «graves daños o incluso la muerte».

«Aparte del dolor extremo al impacto que suponen las armas de electrochoque y de las lesiones secundarias que pueden derivarse de la caída al suelo de la persona, hay perfiles de personas que, por determinadas condiciones físicas, son más vulnerables frente a este tipo de armas (personas mayores, niños, embarazadas, personas con problemas cardíacos o respiratorios, personas bajo la influencia de ciertos medicamentos o drogas), incluyendo la muerte de algunas personas.

Además, los dardos «pueden causar lesiones penetrantes en la piel, los ojos, la cabeza y los órganos internos, que pueden ser graves».

Si bien Amnistía Internacional no se opone a que este tipo de armas de electrochoque «puedan formar parte de la equipación de algunos cuerpos policiales», debido a las consecuencias que tiene su empleo, sí tiene «algunas preocupaciones» con relación a su uso y el respeto a los derechos humanos, por lo que se pide que estén sujetas «al mismo criterio que se aplica al uso de armas de fuego», debido a los riesgos que pueden tener sobre la integridad física y mental de la persona sobre la que se emplean.

Amnistía Internacional considera que si este tipo de armas terminan por formar parte del armamento de las policías municipales, deben elaborarse «protocolos públicos» de su uso y garantizar que los agentes policiales que vayan a utilizarlas «estén debidamente formados en su utilización y riesgos, así como en las precauciones que deben tomarse para evitar dichos riesgos». Asimismo, pide que se garantice el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas tanto a nivel interno como a nivel externo.

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