Transportes considera que esto no altera sus planes y Carnero cree que es “bueno” para intentar mantener “vivo” el convenio de integración
La Junta General Extraordinaria de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad no se pudo celebrar finalmente hoy al no reconocer dos socios, el Ayuntamiento y la Junta, la convocatoria de este órgano que tenía sobre la mesa deliberar sobre su disolución. No obstante, los representantes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible insistieron en que esto no impide acudir al juzgado de lo mercantil para poner fin a esta entidad.
Tres horas después de iniciarse la reunión de la comisión de seguimiento del convenio de integración y, tras el Consejo de Administración, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, advirtió de que no podía celebrarse la Junta General Extraordinaria porque no se había efectuado la convocatoria de acuerdo al procedimiento legal establecido, ya que se les trasladó el día 17 de noviembre y no había pasado un mes, y porque este órgano se debe reunir a petición del Consejo de Administración.
Desde la Sociedad Valladolid Alta Velocidad se advirtió al regidor de que la Junta General se celebraba al estar presente el 100 por 100 del accionariado, que asistió al Consejo de Administración, y de acuerdo al procedimiento que se ha seguido hasta ahora. Además, se recordó que el 6 de octubre ya se trasladó que existían razones para disolver la entidad y se planteó reunir a este órgano en el plazo de dos meses como se ha hecho.
Sin embargo, el alcalde de Valladolid consideró que esto era “bueno” porque se iba a poder analizar los proyectos e intentar llegar a un punto de entendimiento para mantener “vivo” el convenio y, por tanto, la Sociedad. Su argumentación fue rechazada por la secretaria general de Adif, Irene Bonet, que indicó que esto no cambiaba nada, porque el convenio de daba por resuelto y el acuerdo de la Junta General sobre la disolución no era posible al augurar un empate al 50 por ciento entre los socios.
También, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, acusó al regidor de intentar “escapar” de de la Junta General, pero le recordó que tiene “responsabilidades” en esto. “Aquí hay que ser consecuente con los actos que uno hace”, dijo. “Esta es la realidad”, añadió en un cruce de reproches con Carnero antes de que todos se levantaran de la mesa y abandonara la estación de Campo Grande.
Igualmente, desde la Sociedad Valladolid Alta Velocidad se advirtió de que si no se celebraba la Junta General se dejaba a la entidad sin auditores para este año, 2026 y 2027, lo que iba a generar un “problema en el Registro Mercantil muy gordo”, ya que la propuesta de adjudicación se adoptó en el Consejo de Administración, tras un pequeño debate, pero tenía que ser ratificado el nombramiento de los mismos. Al respecto, Carnero señaló que se convocara de nuevo este órgano e incluso que se reuniera por videoconferencia..
Ariza y paralizar la estación
Previamente, durante la reunión del Consejo de Administración, el secretario de Estado pidió un “gesto» al alcalde de Valladolid y ofreció paralizar la disolución de la Sociedad si aceptaba la ejecución de los pasos de Ariza, que el Ayuntamiento rechaza ejecutar de momento al entender que iban a generar un “caos” circulatorio. Sin embargo, Carnero recogió el guante, pero planteó a Santano que paralizara durante dos años la obra de la estación de trenes, contratada por 215,82 millones de euros, con un plazo de ejecución de 43 meses.
Al respecto, el representante del Ministerio le respondió que no podía hacer ese “daño” a la ciudad de Valladolid, palabras que cuestionó Carnero, ya que Santano argumentó que esta inversión iba a situar a Valladolid como núcleo del noroeste. El regidor señaló que ya lo era y añadió que su posición sobre Ariza no es un “capricho”, sino una cuestión de “sentido común” como vallisoletano que desconoce alguien “de fuera”.
Había sido el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el que había reclamado diálogo al Ministerio, de forma que se suspendiera la disolución y se convocara una reunión informal en Madrid para ver qué proyectos se podían ejecutar de los previstos en el convenio de integración. Sus esfuerzos de mediación, sin embargo, no permitieron llegar a ningún entendimiento entre las partes.
Santo insistió en que el “matrimonio” estaba “roto”, un “dato objetivo”, porque insistió no se cumple el convenio de integración en su totalidad, aunque reconoció que el “bloqueo” por parte de las autoridades locales era algo “legítimo”. Suárez-Quiñones cuestionó la comparación con una pareja, pero señaló que no puede finiquitarse sin una “conversación” entre las partes, al tiempo que Carnero insistió en pedir a los representantes del Ministerio que “recapaciten”.
Finalmente, el voto de calidad del presidente del Consejo de Administración, José Antonio Santano, permitió aprobar el desistimiento del procedimiento contencioso-administrativo que sigue la Sociedad Valladolid Alta Velocidad contra el Ayuntamiento de Valladolid por el impago de la aportación de 2024 de 11,07 millones de euros, a lo que se opusieron el alcalde de la ciudad y el consejero porque insistieron no reconocen la resolución del convenio.
