El Consistorio norteño acepta las conclusiones del Consejo de Cuentas de Castilla y León en el informe de “Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán» del que no salía muy bien parado

El trabajo, correspondiente al Plan Anual de Fiscalizaciones de 2016, analiza diversas áreas de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento mediante la realización de una auditoría de cumplimiento de legalidad.

Los objetivos de esta fiscalización eran analizar las causas que han motivado el incumplimiento de la obligación de rendición de las cuentas, así como el endeudamiento contraído y la ejecución presupuestaria.

El Ayuntamiento de Barruelo no ha rendido la cuenta general desde 2008, incluso la de los ejercicios 2011, 2012 y 2014 a pesar de que en ellos sí aprobó la cuenta. En opinión del Consejo de Cuentas, el incumplimiento de la obligación de rendición debe relacionarse con la falta de ejercicio de sus competencias, por el alcalde y por el Pleno. Al analizar las causas de la falta de rendición, se han comprobado otros incumplimientos y falta de ejercicio de las funciones públicas necesarias de intervención, por parte del Secretario-Interventor, comprensivas de la contabilidad y el control y fiscalización interna.

En la tramitación presupuestaria se indica desde el Consejo que se incumple la normativa legal y reglamentariamente establecida. Ante una situación reiterada e histórica de prórroga del presupuesto, según el Consejo de Cuentas los órganos necesarios tampoco han ejercido debidamente sus competencias y atribuciones, ni en la ejecución presupuestaria puede garantizarse el debido control de los expedientes y gastos.

Entre los incumplimientos en el ejercicio de las funciones de contabilidad y fiscalización, no se realiza la intervención previa de los actos o expedientes susceptibles de producir derechos u obligaciones de contenido económico; no existe conformidad en las facturas y documentos justificativos del gasto, de forma que se acredite documentalmente la prestación del servicio o suministro; y existen deficiencias en el sistema de archivo e información contable, de modo que no se han podido obtener algunos de los expedientes, contratos o justificantes solicitados, a efectos de comprobar su correcta contabilización.

Sobre el endeudamiento, ascendió, al cierre de 2016, según el Consejo de Cuentas, a 1.029.170 euros, de los que 828.982 euros corresponden al crédito concertado en 2012 para el pago a proveedores. Este crédito requirió la aprobación de un plan de ajuste por el Pleno, sin que exista constancia de que se estén adoptando sus medidas. Con carácter general, el endeudamiento financiero no se contabiliza correctamente.

El endeudamiento comercial ascendió a 417.775 euros. Adicionalmente, existe una deuda con la Administración del Estado, por importe de 97.448 euros, por el reintegro, dada su falta de justificación, de una subvención para un plan de reindustrialización que, junto con la deuda con el fondo de pago a proveedores, está siendo mensualmente retenida con cargo a las entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado y de la que se ha derivado un coste financiero para el Ayuntamiento de 29.657 euros.

La deuda con la Junta de Castilla y León asciende, según el informe rubricado en 2017, a 162.825 euros, por el reintegro de dos subvenciones relacionadas con los fondos Miner, de los que 32.366 euros corresponden a intereses.

Se recuerda que en los últimos ejercicios no se ha concertado ninguna operación de crédito a largo plazo, ni para la financiación de inversiones ni, desde 2012, para el saneamiento de deudas o el pago a proveedores. Sin embargo, el Ayuntamiento de Barruelo ha recurrido de forma sistemática a la concertación de pólizas de crédito a corto plazo por necesidades transitorias de tesorería o déficits temporales de liquidez.

Sobre la ejecución presupuestaria el Consejo apuntó en el informe que ahora asumirá, vía pleno, el Ayuntamiento de Barruelo, que no se emite el informe independiente sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera. En virtud de ello, no puede verificarse el cumplimiento del objetivo en la aprobación y liquidación del presupuesto de 2016, ni de la regla de gasto en esta última.

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