CCOO ha advertido este lunes de posibles movilizaciones en Palencia ante la intención de Correos de «implantar una reestructuración del modelo de reparto sin negociación, contra la mayoría sindical y con impacto directo en el empleo». El sindicato sostiene que el denominado “Nuevo Modelo Operativo” no persigue mejorar la eficiencia ni la calidad del servicio postal público, sino «ahorrar costes para sanear las cuentas de la empresa», afectando a la plantilla y a la prestación del servicio, denuncian desde el sindicato.
CCOO ha expuesto que la prueba piloto puesta en marcha en la provincia no es una iniciativa aislada, sino la antesala de un cambio estructural diseñado a nivel estatal para extenderse al conjunto de las cerca de 2.500 carterías existentes en España. Según CCOO, este plan afectaría a casi 28.000 carteros y carteras y conllevaría cierres de centros, traslados, cambios de localidad y recortes de empleo.
En el caso concreto de Palencia, el sindicato advierte de que el nuevo modelo ya ha comenzado a aplicarse como primer paso de una implantación generalizada que tendría un impacto directo sobre 26 trabajadores del reparto. CCOO asegura que la reorganización ha alterado recorridos y condiciones laborales y ha generado un «grave desorden» en la prestación del servicio postal, con perjuicios tanto para la ciudadanía como para empresas e instituciones.
El sindicato sitúa esta prueba piloto dentro de un plan estatal estructurado en hasta cinco fases, cuya primera etapa contempla la implantación de 71 experiencias similares en todo el país, siete de ellas en Castilla y León. Para CCOO, esta concentración territorial no es casual y evidencia la voluntad de la dirección de Correos de extender posteriormente el modelo al conjunto de la red, amparándose en una supuesta fase experimental.
Además del impacto laboral, la organización sindical alerta de que la reorganización se ha aplicado sin planificación ni refuerzos de personal, lo que habría provocado un “caos operativo” en un momento especialmente sensible, al coincidir con la preparación de los procesos de elecciones autonómicas previstos, comprometiendo, según su denuncia, la correcta prestación del servicio postal público.
CCOO critica que el llamado Nuevo Modelo Operativo se esté imponiendo de forma «unilateral y opaca» y al margen de la negociación colectiva, «sin documentación previa ni una memoria justificativa que evalúe sus consecuencias sobre el empleo, la salud laboral, la conciliación o la igualdad». Entre los cambios señalados, destaca la introducción de recorridos diarios variables determinados por algoritmos y la normalización de la no cobertura de ausencias, dentro de una política de “contratación cero” que, según el sindicato, traslada la carga de trabajo a la plantilla existente.
La central sindical sostiene que este enfoque agravará un ajuste de empleo que considera ya insostenible y tendrá efectos directos sobre la salud laboral, con un aumento del estrés, la ansiedad y la siniestralidad, además de incidir en unos niveles de absentismo que califica de elevados. A su juicio, las consecuencias no se limitarán a los trabajadores, sino que se traducirán en retrasos en el reparto, acumulación de correspondencia y una pérdida de presencia territorial de Correos.
Ante este escenario, CCOO exige la paralización inmediata de todas las pruebas piloto y la apertura de una negociación estatal “real”, en la que se evalúe la validez del modelo de reparto actual. Mientras no se demuestre lo contrario, el sindicato defiende que el sistema vigente es el que debe mejorarse, en línea con el espíritu del Acuerdo Marco firmado en 2024, reforzando la plantilla, convocando oferta de empleo público y poniendo fin a los recortes.
La organización reclama también el cumplimiento de otros compromisos pendientes, como el Plan de Incentivos y la reducción de la jornada laboral a 35 horas. Finalmente, advierte de que, si la presidencia de Correos persiste en imponer esta reestructuración sin negociación, activará la vía judicial y la movilización sindical frente a lo que considera incumplimientos de los acuerdos, con un horizonte que se extendería hasta junio de 2027 y coincidiría con varios procesos electorales.
