CCOO, CSIF y UGT han convocado movilizaciones ante la firma de lo que califican de «falso acuerdo» entre Satse y la Consejería de Sanidad para equiparar salarialmente a los profesionales de enfermería y estudiarán medidas legales ante el abandono de las vías tasadas para la negociación de los funcionarios

Los tres sindicatos, que consideran que con este acuerdo entre un sindicato sectorial y la Junta para incrementar las retribuciones de personal de enfermería se abandona la vía de la legalidad, se genera frustración, incertidumbre y discriminación, han solicitado de forma «urgente» una reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la convocatoria de la Mesa General de Empleados Públicos.

De forma paralela, han convocado concentraciones en todos los centros de Sacyl el lunes a partir de las 11.30 horas en todas las provincias excepto en Palencia, donde será el martes a la misma hora, y llaman a participar a todos los empleados públicos de Sacyl, porque, han aclarado, lo que piden no es que se quite «nada a nadie» sino que se equipare a todos.

Así lo han señalado en rueda de prensa el presidente de CSIF en Castilla y León, Benjamín Castro Martínez; el secretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGTCyL, Tomás Pérez Urueña; y la coordinadora del Área Pública de CCOO en la Comunidad, Elena Calderón García.

Benjamín Castro ha asegurado que se ha producido una «actuación infortunada y con falta de rigor» por parte del Ejecutivo autonómico, del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y ha afirmado que han abandonado «la vía de la legalidad» y es «triste» recordar que cualquier actuación de la Administración Pública debe seguir un procedimiento que, en este caso, consideran que son las mesas de negociación establecidas al efecto.

«Pedimos al Gobierno autonómico que abandone la vía de la unilateralidad y vuelva a la vía del diálogo y del estado de derecho», ha señalado el máximo responsable de CSIF en la Comunidad, quien ha aseverado que la enfermería de Sacyl «no va a conseguir lo que se les está diciendo» porque se parte «de un falso acuerdo».

Además, ha advertido de que no se ha publicado, cuando todas las actuaciones de una Administración deberían ser en base a la legalidad, «públicas y notorias» y, a su juicio, se vulnera el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público e incluso la Constitución.

MALTRATO DE LA JUNTA

Castro ha incidido en que ya con el decreto 2/2020, de prestaciones personales obligatorias para el personal sanitario, «sorprendieron retorciendo la ley para exponer sus deseos y utilizando a su antojo a los empleados que han dado lo mejor de sí mismos durante la pandemia, poniendo en riesgo sus vidas y la de sus familias».

Por eso, ha asegurado que quiere un «acuerdo histórico» y «parafraseando al señor Igea», ha afirmado que lo quieren dando «certidumbre a los empleados públicos para que ese camino de equiparación se lleve a cabo negociando en los foros que la ley dicta».

Por su parte, Elena Calderón ha apuntado que desde el Gobierno autonómico «han dado un trato despectivo y discriminatorio hacia los empleados públicos de Castilla y León» y ellos son los representantes legítimos para negociar, por ello han pedido con carácter «urgente» tanto la reunión con el presidente de la Junta, los firmantes del acuerdo y el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, como de la Mesa General de Empleados Públicos.

En esta línea, ha afirmado que la Junta ha vulnerado el derecho a la negociación y ha afirmado que no pueden «permitir» que «se utilice la negociación como arma política, en beneficio de unos pocos y saliendo perjudicada la mayoría de los empleados públicos»

De la misma forma, Tomás Pérez ha criticado que cuando el Gobierno tomó posesión dijeran que iba a cambiar, pero «más vale lo conocido» que lo que están «conociendo» y ha calificado de «terrible» lo que sucede, ya que hablan de equiparación pero se «olvidan» de que estos profesionales no sólo trabajan en Sacyl, sino también en la Gerencia de Servicios Sociales, por ejemplo, «con la misma dedicación».

«Se les ha olvidad por completo, les han marginado, no sólo han humillado al conjunto de los trabajadores de la Administración pública, sino que han vuelto a discriminar» con la connivencia de Sanidad en un acuerdo retributivo en el que en la foto no estaba el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, de quien dependen los empleados públicos.

«HUMILLA Y DISCRIMINA»

Así, considera que más que una decisión del Ejecutivo autonómico el acuerdo «parecía más escaramuza de un partido contra un gobierno» y «humilla a quien lo firma y al resto de los empleados públicos porque divide, discrimina, trata a unos de una manera y otros de otra».

Pérez Urueña ha reiterado que CCOO, UGT y CSIF son los sindicatos «mayoritarios» en la Administración mientras que el sindicato firmante, Satse, es sectorial, «pero cuando alguien gobierna con quien no gana, firma con quien no representa».

El dirigente de UGT ha aclarado que los tres sindicatos no pretenden «que se le quite nada a nadie», pero sí que se les dé a todos y no están en contra de sector alguno, sino a favor de igual de trato.

Tomás Pérez ha advertido de que la consejera de Sanidad ha abierto una «brecha» porque ha reconocido que los empleados públicos son los peor pagados de España, pero se pone «un parche» y lo que hay que hacer es «curar al enfermo», porque ocurre con todos los empleados de la Junta.

De la misma forma, considera que se la consejera ha «roto el equipo» porque en Sanidad lo importante es el enfermo, que no distingue entre todos los que le atienden cuando trabajan y ha asegurado que, como enfermero que es, se siente «humillado».

Además, los responsables sindicales han criticado los incumplimientos de la Junta como el pago de fondos adicionales o la jornada de las 35 horas y han recordado que convocaron huelga general por ésta última cuestión y no se puso nada sobre la mesa, pero cuando se ha presionado con esta medida por parte de otro sindicato sí se ha logrado. Por ello, han advertido de que si la única vía que se les deja es la de la huelga todos «saben» hacerlo.

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