Fernández Carriedo destaca que la norma se centra “exclusivamente” en esta materia para no “abrir desavenencias» entre los grupos
La Diputación Permanente de las Cortes convalidó hoy por unanimidad el decreto-ley que contempla la revalorización de los salarios del personal al servicio del sector público autonómico para los años 2025 y 2026, aunque los socialistas, Vox y UPL expresaron sus críticas tanto al procedimiento utilizado por la Junta, como a las subidas aplicadas, ya que entienden que no cubren el incremento de la inflación en los últimos años.
En concreto, la norma, ratificada en una sesión de unos 45 minutos, contempla un aumento del 2,5 por ciento en 2025 y un 1,5 por ciento en 2026, con posibilidad de un ajuste adicional del 0,5 por ciento si la inflación alcanza el 1,5 por ciento o más este año. Los importes correspondientes a los atrasos se abonaron en esta primera nómina del año, en la que también se aplicó el aumento fijado para este ejercicio.
En su intervención, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, destacó que el decreto-ley se centra “exclusivamente” en el salario de los empleados públicos, “sin aprovechar la ocasión” para incluir otras cuestiones diferentes, que señaló pueden “abrir desavenencias entre los grupos parlamentarios”, en clara referencia al ‘decreto ómnibus’ que recogía la subida de las pensiones, entre otras medidas, y que fue tumbado por el Congreso de los Diputados.
Igualmente, Fernández Carriedo apuntó que la mejora retributiva tiene un impacto de 403 millones de euros en las arcas de la Comunidad, por lo que consideró “oportuno” que la reforma del sistema de financiación autonómica sea negociado, asegurando los principios de “igualdad, solidaridad y suficiencia”, para garantizar la multilateralidad de forma que, “lo que afecte a todos, se acuerde entre todos”.
De esta forma, el consejero portavoz indicó que la Junta ha aplicado el “importe máximo” permitido por la legislación básica del Estado y se ha anticipado 35 meses el abono de las cantidades reconocidas con efecto retroactivo. No obstante, reconoció que el país atraviesa un momento económico “especialmente significativo”, al tener una inflación en “niveles elevados”. Por ello, consideró necesario que los empleados públicos sigan mejorando sus condiciones, “paliando en lo posible la pérdida de poder adquisitivo”.
Asimismo, Fernández Carriedo recordó que se trata de un colectivo que sufrió una bajada del cinco por ciento de sus retribuciones en 2010 y que en los últimos años ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo. Por el contrario, destacó que la Junta puso en marcha la carrera profesional horizontal en 2021, ha mejorado los complementos de algunas categorías, ha incrementado el número de efectivos y ha aplicado la jornada de 35 horas semanales.
Migajas
La portavoz socialista Patricia Gómez Urbán aseguró que los empleados públicos se “merecen mucho más” que las “migajas” que le ofrece ahora el PP, después de 39 años de gobierno. De hecho, indicó que en la etapa del actual presidente, Alfonso Fernández Mañueco, sólo han recibido “desprecio”, “maltrato” y “privatizaciones de lo público”, a diferencia de lo que hace el PSOE, ya que señaló desde que gobierna Pedro Sánchez los salarios de este colectivo han subido un 22 por ciento, frente a los “recortes” y la “ruptura del diálogo social” de Mariano Rajoy.
“Siempre diremos que sí a lo que sea bueno para Castilla y León”, dijo Gómez Urbán para reprochar al PP su ‘no’ a la revalorización de las pensiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, a la nueva financiación autonómica o a las exenciones fiscales en las ayudas a los damnificados por los incendios. “No, nosotros no somos lo mismo que ustedes”, les espetó. Además, la portavoz socialista aseguró que el “historial” de la Junta es “bastante lamentable» porque los empleados públicos reciben unos salarios que están “a la cola” del país, a lo que sumó las plantillas “tensionadas”.
Por ello, la portavoz socialista indicó que o se está con el PP y sus “recortes y privatizaciones”, o con los empleados públicos, porque advirtió que al pueblo sólo lo salva y lo protege unos servicios “de calidad y fuertes”.
Las “nueces” de Mañueco
El portavoz de Vox, David Hierro, criticó que se gobierne “a golpe de decreto-ley”, un modelo que consideró se asemeja al de Pedro Sánchez, porque en su opinión recurre a esta fórmula al ser incapaz de llegar a acuerdos y tramitar el presupuesto y la ley de medidas para 2026. “¿Estas son las nueces del señor Mañueco?”, se preguntó para añadir que a su juicio era “el silencio y la puerta de atrás”, ya que consideró que al presidente no le gusta el “ruido” porque lo pone “en evidencia”.
De esta forma, Hierro cuestionó que el gobierno en solitario de Fernández Mañueco sea el “más estable” y añadió que además pecan de “falta de transparencia”, ya que afeó que actúe “despreciando a la cámara”, con “soberbia” y con “derecho de pernada”. No obstante, advirtió al PP de Castilla y León que sus “derechos adquiridos” en la Comunidad “se han acabado”, porque señaló ya no son el partido de Juan Vicente Herrera que podía hacer “lo que le daba la gana”.
De hecho, apuntó que cada vez que se presenta a las elecciones empeora los resultados, algo que vaticinó ocurrirá también el 15 de marzo, porque en su opinión los ciudadanos están hartos de sus “tretas”, “trampas” “farsas”.
“Quiero y no puedo”
El portavoz de UPL Luis Mariano Santos calificó la mejora retributiva de un “quiero y no puedo”, ya que consideró era “muy, muy mejorable”, puesto que argumentó los salarios siguen “por detrás de la inflación real”. A su juicio, lo “ideal” hubiera sido aprobar incrementos superiores porque señaló se ha aplicado un aumento “sin ambición”, como en los últimos cuatro años.
El ‘leonesista’ insistió en que esta mejora retributiva, de aplicación obligada en la Comunidad, se recoge en un decreto-ley por la “debilidad” del Gobierno central, pero también del autonómico. En su opinión, son una “minoría” que actúa de una forma “timorata” con una norma que sortea la negociación y el debate parlamentario, aunque valoró que con ello se evita la “congelación” de los salarios. En definitiva, concluyó que esta subida no responde a la necesidad de los propios empleados públicos.
“Pulcritud” frente al “popurrí”
Por su parte, el portavoz ‘popular’ Ricardo Gavilanes defendió como “importante” y “necesario” el decreto-ley de la Junta que señaló reconoce el “esfuerzo” de los empleados públicos para mantener unos servicios “buenos” y “valorados” por todos los ciudadanos. Además, subrayó la “pulcritud” en la tramitación y destacó que no se hace un “popurrí” para “colar” muchas más medidas como señaló hace el Gobierno.
“Aquí se gobierna con seriedad”, dijo Gavilanes mientras a su juicio el Gobierno central sigue «incumpliendo sus compromisos. Por el contrario, destacó el “rigor” y las cuentas “saneadas” de la Junta en un contexto “complejo”, marcado por la inflación acumulada, ya que a su juicio se debe mantener el “equilibrio” entre la “justicia social” y la “sostenibilidad” presupuestaria.
Cierre de la XI legislatura
A esta sesión de la Diputación Permanente de las Cortes de la undécima legislatura, que finalizó con la votación a mano alzada, no acudió ningún representante del Grupo Mixto. No obstante, sí estuvo presente el secretario primero de la Mesa, el socialista Diego Moreno, que por motivos personales no había acudido a los últimos plenos.
Con ello, el parlamento se despide, en principio, hasta la próxima legislatura, ya que la nueva cámara no se constituirá hasta el 14 de abril, una vez celebradas las elecciones autonómicas del 15 de marzo y elegidos a los nuevos 82 procuradores.
