375.000 euros para el Ayuntamiento de Palencia y 412.000 para la Diputación

 

Dada la situación actual que está atravesando España en general, y Castilla y León en particular, producida por la pandemia a nivel mundial del COVID-19, y por la evolución que está teniendo la misma, se hace necesaria desde el punto de vista autonómico una pronta intervención de todos los agentes implicados en la situación socio-económica de la Comunidad, para con ello, garantizar el mantenimiento del empleo en Castilla y León, la protección a las personas trabajadoras, desempleadas y a las empresas, la prevención de riesgos laborales y la protección social a las familias y a las personas más vulnerables.

En efecto, Castilla y León tiene ante sí una nueva etapa caracterizada por una crisis sanitaria que se está transmitiendo a la economía y a la sociedad a una velocidad inusitada. La situación generada por la evolución del COVID-19 ha supuesto la necesidad de adoptar medidas de contención extraordinarias por las autoridades de salud pública; medidas que, junto con las adoptadas a nivel nacional, están teniendo un notable impacto económico, que se proyecta sobre determinadas empresas y sectores de la Comunidad, especialmente en pequeñas y medianas empresas, así como sobre las personas trabajadoras y sus familias.

Conscientes de esta situación, los objetivos principales de todos los agentes implicados en la situación socioeconómica de la Comunidad son, sin duda, un reto al que se tiene que enfrentar la Comunidad Autónoma de Castilla y León en coordinación con todos esos agentes.

Este objetivo requiere que todos, en la medida de nuestras posibilidades y responsabilidades, aunemos esfuerzos para vertebrar estrategias integradoras y aportar soluciones a los nuevos problemas que se nos plantean.

Por ello, y para paliar en la medida de lo posible los efectos tan negativos que está produciendo la declaración del Estado de Alarma por la pandemia global del COVID-19 en la situación socio-económica de nuestra comunidad, la Consejería de la Presidencia, al igual que ha venido haciéndolo en años anteriores, coadyuva en el fomento del empleo y para ello dota anualmente en los Presupuestos Generales Autonómicos un Fondo de cooperación económica local vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos, teniendo una parte condicionada en la que las provincias y los municipios con población superior a 20.000 habitantes, deberán destinar a medidas, planes o programas de empleo para hacer frente a los desafíos demográficos.

Es por ello que en buena parte, con esa financiación, los municipios podrán fomentar la contratación de personal logrando con ello un doble objetivo: Por un lado cubrir las necesidades que demanda el municipalismo ante la necesidad asistencial originada por dicha pandemia, y por otro lado, contener el desempleo al que nos vemos abocados si no tomamos las medidas oportunas y a la vez urgentes en este sentido.

 

 

 

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