La organización ecologista Ecologistas en Acción ha advertido de que podría existir responsabilidad penal en la decisión de ampliar el periodo de caza del jabalí en Castilla y León. El colectivo considera que la medida, aprobada por la Junta de Castilla y León mediante una Orden, podría contradecir lo establecido en la Ley de Caza.
Según señala la organización en un comunicado, el pasado 20 de febrero el Boletín Oficial de Castilla y León publicó una modificación de la orden de emergencia cinegética del jabalí por la Peste Porcina Africana. La modificación ampliaba el periodo de caza de esta especie hasta el 8 de marzo, apenas dos días antes de que finalizara la temporada fijada por ley. La ampliación se justificó, según recoge la orden, «argumentando que no se han podido cazar los suficientes jabalíes por las borrascas atlánticas».
Sin embargo, desde Ecologistas en Acción cuestionan esta argumentación. La organización recuerda que en Castilla y León «no hay Peste Porcina Africana y el brote en España está más bien lejos de nuestra Comunidad». A su juicio, la situación no justificaría una ampliación excepcional del periodo cinegético.
El colectivo también apunta que durante esta temporada no se han aplicado limitaciones relevantes al número de cacerías colectivas autorizadas. Según indican, se han aprobado todas las solicitudes presentadas al amparo de esta orden de emergencia, aunque muchas de esas batidas se habrían saldado con pocas capturas e incluso con jornadas sin abatir ejemplares.
En su comunicado, la organización critica además la actuación de responsables técnicos de la administración autonómica, entre ellos el jefe del Servicio de Caza, Ignacio de la Fuente, y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz. A su juicio, la decisión de ampliar el periodo de caza respondería a intereses electorales vinculados al denominado “voto rural”, en referencia a colectivos como agricultores, ganaderos y cazadores.
Ecologistas en Acción asegura igualmente que algunas cuadrillas de cazadores han calificado la orden de ampliación como “vergonzosa e innecesaria”, al considerar que en estas fechas lo que se abatiría mayoritariamente serían hembras preñadas, lo que podría comprometer la población de jabalíes de cara a la próxima temporada cinegética.
Ante esta situación, la organización ha anunciado que estudiará si en esta modificación normativa en contra de la legislación puede existir responsabilidad penal y si, de ello, se derivan responsabilidades para los responsables de la decisión, incluido el consejero de Medio Ambiente, firmante de la orden.
