Ecologistas exige a la Junta que elabore planes para reducir la contaminación por ozono ya que le obliga una sentencia

Ecologistas en Acción ha exigido al consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, que elabore Planes de Mejora de la Calidad del Aire «a la mayor brevedad» y especialmente dirigidos a reducir la contaminación por ozono tras conocerse una sentencia del Tribunal Supremo que ha confirmado que la Administración autonómica está obligada a ello.

En un comunicado recogido por Europa Press, Ecologistas en Acción destaca que «tras media década de excusas administrativas y judiciales» una sentencia del Tribunal Supremo con fecha del pasado 22 de junio ha rechazado «la última maniobra de la Junta de Castilla y León para demorar el cumplimiento de su obligación legal», declarada hace dos años por el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad, de elaborar y aprobar «a la mayor brevedad» los preceptivos Planes de Mejora de la Calidad del Aire para la media docena de zonas donde desde 2010 se han superado los objetivos legales establecidos por la normativa europea y española de calidad del aire para el ozono troposférico.

En una sentencia que la organización ecologista considera «pionera en España», el Alto tribunal concluye que «la obligación de elaboración de los planes y programas para la protección de la atmósfera y para minimizar los efectos negativos de la contaminación atmosférica que corresponde a las Comunidades Autónomas no está vinculada a la previa elaboración por el Estado de los Planes respectivos, que le competen en la materia».

La falta de un Plan Nacional específico para el ozono ha sido, según los ecologistas, «durante cinco años la coartada de la Junta para incumplir sus obligaciones legales en materia de protección del medio ambiente y la salud pública».

A juicio de la organización, la inactividad del consejero frente al incumplimiento recurrente desde el año 2010 de los objetivos de calidad del aire establecidos para el ozono por la normativa española, llevó a Ecologistas en Acción a «conseguir una primera sentencia del TSJCyL, que obligaba a elaborar planes de calidad del aire en las zonas Salamanca, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche, y Sur y Este de Castilla y León», a las que «por incumplimientos» en años posteriores se añadieron Valladolid y Soria y Demanda, sumando una población total de 1,7 millones de afectados.

La sentencia de 19 de octubre de 2018, ya firme, declaraba que la existencia de valores altos de ozono en prácticamente todo el territorio de Castilla y León, de España y del sur de Europa, poniendo de relieve que no se trata de un problema local y regional sino nacional e internacional, «no desvirtúa el carácter imperativo con el que los preceptos citados regulan el deber de actuar de las Administraciones Autonómicas en la elaboración y aprobación de los Planes de mejora de la calidad del aire».

El argumento de la Junta, han recalcado los ecologistas, ha sido ahora «refutado con rotundidad» por el Tribunal Supremo, al señalar que «el régimen de elaboración de los planes en cuestión no se establece de manera subordinada y jerárquica, en razón del ámbito de la Administración estatal, autonómica y local sino que cada una de las Administraciones viene obligada por la norma a su elaboración».

REUNIÓN EL 8 DE JULIO

En una reunión concertada el próximo miércoles, 8 de julio, Ecologistas en Acción ha avanzado que exigirá al consejero la elaboración «urgente y sin más dilaciones» de los preceptivos planes de mejora de la calidad del aire para las ocho zonas afectadas por incumplimientos legales, de forma que este mismo año se pueda contar ya con estos documentos, con el contenido legalmente establecido y medidas creíbles de reducción de las emisiones del tráfico, la industria y la ganadería intensiva, para ello suficientemente detalladas, programadas y presupuestadas.

En este contexto, la recientemente aprobada Estrategia para la Mejora de la Calidad del Aire de Castilla y León, considerado por la organización como «un documento de intenciones genérico sin rango normativo», ha sido «una pérdida de tiempo intolerable» para abordar un problema que según los últimos estudios del Instituto de Salud Carlos III causa cada año en nuestra Comunidad un centenar de fallecimientos prematuros por causas respiratorias y circulatorias.

«Cada año de retraso en la actuación engrosa la cifra de víctimas de la contaminación, de las que el Consejero y todo su Gobierno son corresponsables por su negligencia», han incidido, antes de recordar que el ozono troposférico es un contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por el transporte y algunas industrias, en presencia de radiación solar y que provoca diversos problemas de salud, desde irritación de ojos y vías respiratorias hasta incrementar el riesgo de enfermedades respiratorias.

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