Delgado lamenta que, según sostiene, el PP difunda información “interesada” sobre el expediente
El alcalde de Barruelo de Santullán, Cristian Delgado, ha asegurado que el Ayuntamiento “ha dado cumplimiento” a las sentencias relacionadas con el expediente del Hotel Rural “El Valle” y que el auto recientemente dictado por el juzgado “ya ha sido recurrido”. El regidor ha difundido una nota pública en la que responde a las críticas del Partido Popular y sostiene que la corporación está actuando conforme a la legalidad.
Delgado afirma que “no se ha condenado al Ayuntamiento”, sino que «hay un auto que ha sido recurrido puesto que ya se ha dado cumplimiento a dos sentencias». En este sentido, lamenta que, a su juicio, el PP trate de “confundir a los ciudadanos” y defienda “intereses particulares frente a los de todo el pueblo”.
Según la explicación facilitada por el Ayuntamiento, la sentencia nº 17/2024 —de 23 de enero de 2024— fue declarada firme el 18 de marzo del mismo año. Posteriormente, el Consistorio comunicó al juzgado quién era el órgano responsable de la ejecución, en este caso la Alcaldía. A continuación, se dictó la resolución de 9 de agosto de 2024, en la que se reconocía a la adjudicataria «y se la emplaza para presentar la documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva informándola, además, de que una vez recibida dicha documentación se la citará para la formalización del contrato». El Ayuntamiento afirma que esta notificación se realizó el 14 de agosto. Al no presentar la documentación requerida ni alegaciones, se dictó el 13 de septiembre una resolución declarando concluso el expediente por desistimiento tácito.
El Consistorio expone que la adjudicataria presentó un recurso de reposición el 19 de septiembre alegando que no había recibido la notificación. Dicha impugnación fue desestimada por resolución del 27 de septiembre al constar en el expediente la prueba de entrega. Esa resolución dio lugar posteriormente a un procedimiento contencioso-administrativo (291/2024), resuelto por sentencia nº 126/2025, de 13 de junio.
En cumplimiento de dicha sentencia, el Ayuntamiento dictó una resolución el 23 de octubre de 2025 anulando la declaración de conclusión del expediente e iniciando nuevamente el trámite. Se notificó a la adjudicataria su reconocimiento como explotadora desde 2015 y se la emplazó a constituir la garantía definitiva de 6.000 euros y a abonar el canon de la primera anualidad, equivalente a 10.000 euros, con la advertencia de que, una vez formalizado el contrato, se iniciaría un expediente para reclamar las cantidades no satisfechas desde 2015 por canon, suministros y tributos.
Según explica el alcalde, esta última resolución ya ha sido objeto de alegaciones por parte de la interesada, que están pendientes de resolución.
Delgado sostiene que toda la tramitación demuestra que el Ayuntamiento ha ejecutado la sentencia 17/2024 —hasta su paralización por un recurso contencioso anterior— y que actualmente está ejecutando la sentencia 126/2025, “de contenido prácticamente idéntico”. Considera que la existencia de dos procedimientos solapados puede haber generado “un cúmulo de errores tanto del juzgado como del Ayuntamiento”, circunstancia que han trasladado en su recurso.
La nota concluye señalando que las alegaciones y el recurso “ya han sido presentados”, y reprocha al Partido Popular no mencionarlo en su comunicado.
