El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Palencia ha avalado la sanción de 60.000 euros impuesta por el Ayuntamiento a la empresa Lantania, S.A.U. por la realización de trabajos nocturnos en enero de 2025. La resolución judicial desestima íntegramente el recurso presentado por la mercantil y respalda el procedimiento sancionador impulsado desde la Concejalía de Urbanismo. En este sentido, se vuelve a cuestionar el comportamiento de la empresa, tanto con la administración local como con los vecinos más afectados por las obras, especialmente los del Camino Viejo de Husillos.
La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, trasladó el contenido del fallo al resto de grupos políticos durante la última Junta de Gobierno Local y valoró la sentencia posteriormente como un respaldo a la actuación municipal. “Es una alegría, de nuevo, poder decir que el Ayuntamiento de Palencia ha ganado en los tribunales a una empresa que entró como caballo de Atila en la ciudad de Palencia, que entró perjudicando no sólo el interés general, sino el interés particular de unos vecinos que tiene a pocos metros”, afirmó.
Según explicó la regidora, el juez rechaza uno a uno los argumentos presentados por la empresa para tratar de anular la sanción. Además, destacó el contenido del fallo judicial, que incide en que la compañía no podía realizar trabajos nocturnos pese a conocer las limitaciones existentes. “El juez es muy taxativo en su exposición y habla de una especie de soberbia de una empresa que se cree que, porque está realizando una obra que desde el Estado se cataloga como de interés general, puede pasar por encima de todos los demás intereses”, señaló.
La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en apelación, ratifica que el Ayuntamiento actuó dentro de sus competencias en materia de control del ruido y contaminación acústica. En este sentido, Andrés subrayó el trabajo coordinado entre la Concejalía de Urbanismo y la Policía Local, que permitió documentar las infracciones. “El Ayuntamiento, dentro de sus competencias, tanto en la ley estatal como en la ley autonómica del ruido, ha cumplido en velar por la normativa sobre contaminación acústica”, aseguró.
La alcaldesa recordó que esta sanción corresponde a los trabajos desarrollados en enero de 2025 y avanzó que existe un segundo expediente sancionador por hechos similares ocurridos meses después, que contempla una multa de mayor cuantía al tratarse de un caso de reincidencia. “Esperemos que se avengan con esta sentencia y se vengan a cumplir las normas”, apuntó.
Asimismo, defendió el posicionamiento del equipo de Gobierno en la defensa de los intereses de los vecinos frente a cualquier empresa o administración. “Por mucho que sea un administrador estatal de infraestructuras o que las obras se declaren de interés general, los derechos de los ciudadanos cuando pisan una ciudad se tienen que respetar. Les hacemos respetar a cualquier ciudadano, a un pequeño empresario y, cómo no, a los grandes”, manifestó.
En la misma Junta de Gobierno Local también se aprobaron las bases y la convocatoria de prestaciones económicas destinadas a situaciones de emergencia o urgente necesidad social para el ejercicio 2026, con una dotación total de 75.000 euros.
Por otro lado, el órgano municipal dio cuenta de la prórroga por un año, entre el 8 de febrero de 2026 y el 7 de febrero de 2027, del Lote 1 del contrato de la Oficina Técnica de Seguridad de la Información (OTSI) y Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Este contrato, adjudicado a CIES Ciberseguridad y Cumplimiento S.L., mantiene las mismas condiciones y un presupuesto de 69.454 euros, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través del programa Next GenerationEU.
