El Defensor del Pueblo llama a mejorar la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) de manera «urgente», tras analizar su situación en España durante 2019

En su Informe Anual correspondiente a 2019, la Institución señala que pudo constatar, a través de las quejas recibidas, que el SAAD «sigue sin tener capacidad para incorporar en un plazo razonable a todas las personas reconocidas como dependientes, pero sin prestación o servicio aprobados», según la información recabada por Europa Press. En algunas comunidades autónomas, además, la valoración del grado de dependencia se demora en exceso.

No obstante, para la Institución, lo más «preocupante» es que las personas con su situación de dependencia ya valorada y con su prestación o servicio reconocidos, han de esperar, a veces, largos periodos de tiempo para acceder a ellos, bien por insuficiencia de recursos públicos o concertados para proporcionar los servicios reconocidos, o bien por falta de crédito para pagar las prestaciones económicas concedidas.

En relación a otros temas relacionados con la situación de las personas con discapacidad, en su Informe Anual, la Institución admite que realizó numerosas recomendaciones y «recordatorios de deberes legales» a las administraciones tras detectar demoras y retrasos en los procesos de valoración del grado de discapacidad superiores a los plazos legalmente establecidos.

La Institución también ha puesto de manifiesto que no se hayan producido «avances significativos» en la aprobación del nuevo baremo de valoración de la discapacidad, pieza fundamental para acceder a la protección social dispensada por las administraciones públicas.

A ello, considera necesario que las comunidades autónomas tomen medidas adicionales respecto a la organización y los medios humanos y materiales cuando se demoran estructuralmente los procedimientos de valoración o se produzcan prolongadas listas de espera. La atención temprana exige también un esfuerzo por parte de las comunidades autónomas.

Por otro lado, el Defensor considera que el proceso de adjudicación de plazas también tiene que ser más transparente. En este sentido, la Institución recomendó a la Comunidad de Madrid la publicación periódica de la situación de las listas de espera y de las plazas adjudicadas en la correspondiente página web de manera clara, estructurada, accesible y comprensible.

OTRAS ACTUACIONES

Otras de las actuaciones del Defensor en 2019 incluyen la publicación en septiembre del estudio ‘La atención específica al daño cerebral infantil’, en el que urge a establecer una estrategia nacional sociosanitaria de atención al daño cerebral adquirido (DCA) que incluya una sección dedicada específicamente al daño cerebral en la infancia y en la adolescencia.

Por otra parte, el año pasado se reiteró la postura de la Institución acerca de que las cuantías de las prestaciones por hijo a cargo mayor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%, no deben computarse como renta personal en la determinación de la capacidad económica de las prestaciones de la Ley de Dependencia, cuando el beneficio y el causante sean distinta persona.

La Institución también se ocupó de las dificultades a las que se enfrentan los viajeros con movilidad reducida. En este contexto, reclamó a Renfe que mejorara la información sobre la accesibilidad e instó a la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) a que vigilara que las más de 600 empresas que prestan el servicio de transporte por carretera ofrecen una información adecuada sobre accesibilidad de estaciones y vehículos a los usuarios.

Asimismo, se formularon dos recomendaciones, que fueron aceptadas, para proteger a las personas ciegas en la firma de contratos privados sin la intervención de notario, para que quede garantizado que los firmantes han tenido acceso al texto del contrato y a su pleno conocimiento.

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