El Gobierno Central explica sus previsiones acerca de la reconversión de la planta y los espacios de la central térmica de Velilla del Río Carrión

 

«Este Gobierno se comprometió a poner en marcha políticas de acompañamiento
que revirtieran los impactos negativos de los cierres de explotaciones mineras y
centrales térmicas de carbón que se encontró encima de la mesa cuando comenzó su
anterior mandato en junio de 2018», asegura el Gobierno Central.

«Cabe indicar que el Operador del Sistema ha informado que todas las centrales
que han solicitado su cierre para junio de 2020 pueden salir del sistema eléctrico
español sin generar ningún problema de cara al suministro eléctrico, por lo que el
regulador no tiene ninguna manera de impedir su cierre», se añade desde Madrid.

«Existe un decidido compromiso de este Gobierno con las comarcas mineras, con
el objetivo de garantizar la creación de oportunidades y la dinamización demográfica a
través del trabajo compartido con el resto de administraciones (autonómica y local), los
sindicatos y los empresarios», apuntan desde la Administración Central en respuesta a una pregunta planteada el pasado mes de enero por la diputada palentina Milagros Marcos (PP).

«Por ello, el Gobierno ya está trabajando los Convenios de Transición Justa
específicos en cada territorio para el fomento de la actividad económica y la mejora de
la empleabilidad de los trabajadores en este período de transformación estratégica hacia
una nueva economía baja en emisiones», apuntan en el documento remitido donde se especifica que «este Gobierno tiene un compromiso claro con una transición justa que atienda las necesidades de los territorios afectados. A través de los Convenios de Transición Justa se movilizarán los recursos que la Administración General del Estado está
asignando a la Transición Justa en España y que, por el momento, a través de las
diferentes actuaciones emprendidas y en la planificación, suponen fondos propios de
cerca de 600 millones de euros».

Estos convenios requieren un estudio de diagnóstico de impacto de los cierres y
zonificación para recibir ayudas, un proceso de participación pública, la identificación
de proyectos de inversión para compensar impactos de cierre y vías de financiación y su
firma final.

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