El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados su paquete de 45 enmiendas al Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

El Grupo Popular ha registrado dichas enmiendas tras la ronda de reuniones y consultas con todos los agentes de la cadena alimentaria: cooperativas, industria, distribución, organizaciones profesionales agrarias y representantes de los sectores específicos.

Las enmiendas presentadas por el GPP proponen, por un lado, la aprobación de aquellos artículos correspondientes a la transposición de la Directiva cuyo incumplimiento, por la dejadez del Gobierno, puede suponer multas millonarias a España que acabarán pagando los agricultores y ganaderos.

Por otro lado, se plantea la apertura de un plazo de negociación máximo de dos años para conseguir que la necesaria reforma de la Ley de la cadena obtenga, cuando menos, el mismo consenso en el sector que alcanzó la ley del PP del año 2013.

Asimismo, el GPP propone en el Congreso que sea el Gobierno el que, en un plazo máximo de seis meses, elabore criterios para calcular el coste de producción determinando los factores que tienen que incluirse en el mismo, y que es uno de los más graves problemas de la fallida reforma socialista de dicha ley, aprobada el pasado año.

Además del coste de producción, para determinar el precio del contrato se podrán considerar también elementos como la calidad de los productos, el volumen
entregado o la situación de los mercados, a fin de conseguir la justa retribución de todos los agentes a lo largo de la cadena, especialmente al sector primario.

Las enmiendas del PP proponen igualmente evitar la llamada venta a pérdidas, es decir, que lleguen al consumidor final productos a un coste incluso inferior al de producción, modificando para ello la Ley de Comercio Minorista, que es donde se regula esta competencia.

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