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martes, diciembre 1, 2020
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El proceso de adjudicación de la gestión de todos los residuos urbanos de la provincia se retoma esta semana

Seis firmas se han interesado por el contrato para gestionar el Centro de Tratamiento de Residuos hasta el año 2030

El proceso de licitación para contratar el funcionamiento y la gestión del Centro de Tratamiento de Residuos por 3,37 millones de euros al año arrancó en febrero tras meses de estudios previos para evaluar costes e introducir mejoras. Un recurso lo paralizó hasta junio y ahora se retoma con el análisis de las ofertas en base a los criterios evaluables automáticamente.

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, a la Mesa de contratación, al tener atribuida una ponderación menor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática.
La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello.
Para la valoración de las proposiciones que tienen en cuenta criterios distintos al del precio, y para verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego, el órgano competente podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.

El proceso de adjudicación del contrato de gestión del servicio público de explotación del Complejo Ambiental de Palencia tiene sobre la mesa 6 ofertas, de otras tantas empresas que se han interesado por hacerse con un contrato, de 10 años de duración, a razón de 3,37 millones anuales.

La adjudicación arrancó de nuevo en junio tras desestimarse el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la Asociación Nacional de Empresas de Limpieza Pública y Cuidado del Medio Ambiente Urbano (ASELIP) contra los pliegos que rigen la licitación del contrato de concesión.

El recurso se fundamentaba en causas de diversa índole, tales como la falta de definición del objeto del contrato, la carencia de un proyecto de ejecución de obras pese a la futura realización de obras durante la ejecución del contrato, el establecimiento de varios criterios de adjudicación que no se especifican lo suficiente y finalmente, la fijación de un sistema de revisión de precios que incumple la normativa de desindexación.

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