El CDR Carrión de los Condes alerta de que el racismo y la vulneración de derechos hacia la población migrante siguen siendo una realidad estructural en el medio rural, con graves obstáculos para el acceso a derechos básicos como el empleo, la vivienda, la sanidad y la educación, especialmente en el caso de las personas en situación administrativa irregular y de las mujeres migrantes.
El Centro de Desarrollo Rural (CDR) Carrión de los Condes advierte de la persistencia de situaciones de racismo y vulneración de derechos que afectan a personas migrantes en el medio rural, tal y como recoge el reciente informe “Perspectiva sobre vulneraciones de derechos de las personas migrantes en el medio rural”, elaborado a partir del trabajo de doce centros de desarrollo rural asociados a COCEDER. El documento pone de manifiesto que, pese a algunos avances normativos, siguen existiendo importantes barreras para el acceso efectivo a derechos básicos como la vivienda, el empleo, la educación o la sanidad.
El intercambio de experiencias concretas documentadas en distintos territorios del Estado evidencia una realidad común y estructural: la vulneración sistemática de los derechos de las personas migrantes en el medio rural, que afecta de manera especialmente grave a quienes se encuentran en situación administrativa irregular. Lejos de tratarse de casos aislados, los testimonios recopilados revelan un patrón sostenido de explotación, invisibilidad, desprotección y discriminación social, con impactos directos en ámbitos fundamentales como el empleo, la vivienda, la salud, la educación, la movilidad, la participación social y la protección frente a la violencia.
Explotación laboral
Entre estas vulneraciones, la más recurrente es la explotación laboral, especialmente grave en el medio rural, donde la escasez de alternativas de empleo, la dispersión geográfica y la debilidad de los mecanismos de control favorecen la comisión de abusos. Entre las principales situaciones detectadas se encuentran jornadas laborales superiores al límite legal, ausencia de descansos, salarios muy por debajo del mínimo establecido por la ley, amenazas, retención de documentación y una situación de dependencia total respecto a la persona empleadora.
La situación de las mujeres migrantes resulta especialmente preocupante, ya que concentran los mayores niveles de vulnerabilidad frente a este tipo de abusos. Son empleadas mayoritariamente en el sector de los cuidados, especialmente como trabajadoras internas, y también son víctimas de prácticas de explotación sexual.
El análisis también alerta del aumento de discursos de odio, especialmente en redes sociales, donde se ha registrado un crecimiento muy significativo de mensajes racistas y xenófobos, así como de contenidos que incitan directamente a la violencia. Esta normalización del odio contribuye a generar un clima social que favorece la deshumanización de las personas migrantes y legitima actitudes y comportamientos discriminatorios.
Obstáculos para acceder a derechos fundamentales
En el ámbito de los servicios públicos, las entidades sociales detectan obstáculos reiterados en el acceso a derechos fundamentales, como dificultades para empadronarse, barreras administrativas que impiden el acceso a la sanidad o a ayudas educativas, falta de procedimientos de denuncia seguros para personas en situación administrativa irregular o una clara carencia de formación en atención a la diversidad y mediación intercultural en muchos servicios públicos. Estas prácticas, en ocasiones sutiles y burocráticas, terminan teniendo un impacto directo y grave en la vida cotidiana de las personas migrantes.
La elaboración de este informe se enmarca en el programa estatal de “Ciudadanía Inclusiva, combatiendo el racismo y la xenofobia en el medio rural”, impulsado por COCEDER, que está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dentro de los programas de interés social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF.
La realidad en el medio rural palentino
El CDR Carrión de los Condes subraya que estas dinámicas no son ajenas al contexto local. En los últimos años se han detectado diversas vulneraciones de derechos que afectan a la población migrante de su entorno de trabajo, desde dificultades de acceso a la educación o a la sanidad hasta situaciones de discriminación y agresiones motivadas por el origen o el idioma.
Pese a ello, el CDR destaca también la importancia del acompañamiento comunitario y del trabajo social en el medio rural. El conocimiento de los derechos, el apoyo cercano y la implicación del tejido social son claves para prevenir nuevas vulneraciones y avanzar hacia pueblos más inclusivos, donde las personas migrantes sean reconocidas como vecinas y vecinos de pleno derecho.
Desde el CDR Carrión de los Condes se insiste en la necesidad de reforzar las políticas públicas, mejorar la formación de los profesionales de los servicios públicos y garantizar espacios reales de acompañamiento y escucha en el medio rural. Solo así será posible combatir el racismo estructural y asegurar una convivencia basada en la igualdad, la dignidad y el respeto a los derechos humanos.
