Estado y CCAA invirtieron 282 euros más por alumno el curso pasado para adaptarse a la Covid-19, según un informe.

El Estado y las comunidades autónomas pusieron 3.559 millones de euros a disposición del sector educativo para su adaptación a la COVID-19 durante el curso 2020/2021, que se traducen en una inversión adicional media de 282 euros por estudiante, lo que supone un 7,9% más de fondos extraordinarios que el curso anterior, según un informe de la Plataforma de Infancia y Political Watch.

El estudio, titulado ‘Un curso escolar atravesado por la pandemia: Análisis de la inversión en educación para la adaptación al contexto COVID-19’ se ha realizado en el marco del proyecto ‘Cole Seguro’, y para su elaboración se han consultado 65 plataformas públicas, más de 18.000 contratos, convenios y subvenciones, más de 50 comparecencias parlamentarias y se han contrastado las conclusiones obtenidas con las CCAA aunque solo 10 de ellas han respondido confirmando o aportando nueva información.

De los datos se desprende que el esfuerzo adicional propio realizado por las CC.AA. ha supuesto un aumento medio del 2,9% del presupuesto de educación respecto al año previo a la pandemia, mientras que el Estado ha aportado 7 de cada 10 euros de la inversión adicional de fondos para la recuperación de la educación por la COVID-19 en el curso 2020/2021.

Asimismo, el informe detalla que, hasta junio de 2021, las CC.AA. habían ejecutado, de media, un 93,4% de los fondos adicionales disponibles para el curso 2020/2021. Entre las comunidades con menor ejecución se sitúan Castilla-La Mancha y Galicia, en niveles de entre el 82% y el 78%.

La prioridad de la inversión se ha concentrado en la adaptación de la educación a los protocolos COVID-19 (un 72,2% del total de la inversión extraordinaria y 206 euros de media por alumno) muy por delante de la inversión en educación digital (16,1% y 45,9 euros por alumno) y de lo invertido específicamente en garantizar la equidad educativa (11,6% y 33 euros por alumno).

El documento también recoge la valoración de las familias y, en este sentido, revela que una de cada tres familias (33%) cree que el aprovechamiento educativo durante este curso ha sido inferior a otros.

SE HAN RESPETADO LOS PROTOCOLOS

Asimismo, 3 de cada 4 familias manifiesta que en sus centros se han seguido respetando las medidas COVID-19 impuestas por las autoridades sanitarias hasta el final del curso, e incluso un 16% indica que estas han aumentado en los últimos meses del curso. Por su parte, un 9% dice que los protocolos se han relajado.

Además, la mitad de las familias consultadas (54%) consideran que reducir el número de alumnos por aula ha mejorado la calidad de la educación.

No obstante, 4 de cada 5 familias (82%) consideran que las medidas que se han tomado pueden impactar negativamente en la salud mental y bienestar emocional de los niños y niñas. En concreto, la mitad de los menores han visto alterado su derecho al descanso en el centro escolar.

Según el informe, en el 3% de los casos los alumnos no han podido salir al patio durante la hora del recreo y en un 47% de los casos solo han podido salir algunos días a la semana. Además, para un 35% no fue posible relacionarse con otras personas más allá de sus ‘grupos burbuja’.

Se señala, asimismo, que en el 81% de los centros en España las actividades extraescolares han sido reducidas o completamente suprimidas, habiendo sido suprimidas en uno de cada dos centros.

MÁS FONDOS PARA DISPOSITIVOS DIGITALES

Atendiendo a la educación digital, el informe muestra que del total de los fondos destinados a educación digital el 43,4% provienen del Estado, a través del programa Educa en Digital. Casi 8 de cada 10 euros adicionales invertidos por el conjunto de territorios en educación digital han ido destinados a la adquisición de dispositivos informáticos, lo que implica un gasto medio por alumno de 36 euros.

El 87% de las familias opina que se están tomando medidas en los centros para atender la equidad educativa durante la pandemia. Si bien, una de cada tres estima que estas siguen sin ser suficientes.

Las familias con rentas más bajas consideran en una mayor proporción que no se han adoptado medidas para garantizar que todos los niños y niñas puedan continuar con su educación (el 15% frente al 8% de familias con las rentas más altas).

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