El consejero reclama “libertad de mercado” para que los empresarios instalen sus locales en cualquier punto que “cumpla la normativa, sin ser relegados a extrarradios por decisiones municipales que tratan la actividad como si fuera ilícita”
J.G.P. / ICAL
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, anunció hoy varios compromisos para 2026, tales como la actualización de reglamentos sectoriales, concretamente los de máquinas, salones, casinos, bingos y apuestas, así como aprobar un nuevo documento que regule la publicidad, promoción y patrocinio y poner en marcha la Estrategia de Juego Responsable, los cuales “se mantendrán, independientemente” del resultado de los comicios electorales previstos para marzo. “Son pasos necesarios para consolidar un sector serio, regulado y generador de empleo y riqueza pública”, resumió.
Así lo trasladó durante su intervención en el acto de inauguración en Palencia del XVIII Congreso de Juego de Castilla y León, donde destacó los principales logros del año pasado, como la aprobación del Plan de Adicciones 2024-2030, el decreto regulador de rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, la creación de la Comisión Técnica de Juego Responsable y el trabajo preparatorio para actualizar los reglamentos sectoriales.
En su intervención, recalcó los datos del sector que la directora general de Relaciones Institucionales, Ruth Andérez, hizo públicos ayer en la rueda de prensa de presentación del congreso: más de 450 empresas, más de 2.000 empleos directos que sustentan a igual número de familias y más de 60 millones de euros anuales en recaudación tributaria no vinculada, destinada a sanidad, educación y servicios sociales.
El consejero ensalzó un congreso consolidado como un “referente nacional”, en el que responsables públicos de todas las comunidades autónomas debaten cuestiones clave y extraen conclusiones que pueden aplicarse a nivel estatal. Entre los temas que se abordarán en esta edición figuran la innovación tecnológica en el sector, la relación entre el juego online y el presencial —si son complementarios o compiten—, la percepción social de esta actividad y el rol que juegan los medios de comunicación en su difusión.
González Gago defendió la legitimidad empresarial del juego desde su despenalización en 1978 y apostó por un modelo “estrictamente regulado como alternativa a cualquier fórmula de clandestinidad”. Recordó que se trata de una actividad que genera importantes ingresos públicos para las arcas autonómicas y estatales, recursos que “permiten financiar políticas esenciales en sanidad, educación y servicios sociales”. En este sentido, reclamó “libertad de mercado” para que los empresarios puedan instalar sus locales en cualquier punto de las ciudades, “cumpliendo los requisitos normativos, sin ser relegados a extrarradios por decisiones municipales” que, a su juicio, “tratan la actividad como si fuera ilícita”.
“Disparidades normativas”
Por otro lado, denunció “las disparidades normativas” que, según él, se observan en el Estado entre el juego público y el privado. Citó como ejemplos las campañas publicitarias de Selae y la ONCE, que “resaltan premios millonarios sin apenas restricciones, frente a las limitaciones impuestas al juego privado autonómico en materia de publicidad”.
También criticó la reciente autorización de juegos públicos con premio instantáneo, una modalidad tradicionalmente característica del sector privado. “Exigimos un tratamiento normativo igualitario bajo las reglas de un mercado libre y abierto”, sentenció, y añadió que cualquier empresario que “arriesga su capital, especialmente las pymes que dominan el panorama en Castilla y León, merece el máximo respeto y consideración por parte de las administraciones”.
Cuatro hitos
En su rendición de cuentas del congreso del año pasado, el consejero destacó cuatro hitos fundamentales. En diciembre se aprobó el Plan de Adicciones 2024-2030, un documento estratégico que incluye la ludopatía entre las adicciones sin sustancia y que guiará las políticas autonómicas hasta finales de la década. En marzo entró en vigor el decreto que regula por primera vez las rifas con premio metálico, las tómbolas con premio en especie y las combinaciones aleatorias con fines publicitarios sin sobrecoste para el consumidor, una herramienta habitual en el comercio minorista; desde entonces se tramitaron 37 expedientes.
Otro avance significativo fue la creación de la Comisión Técnica de Juego Responsable, un órgano que coordina a la Consejería de la Presidencia con áreas como Sanidad, Educación y Servicios Sociales, así como con las corporaciones locales a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) y con el propio empresariado. Su misión principal es prevenir el acceso de menores a los locales de juego y garantizar políticas integrales y coherentes. Finalmente, tras la modificación de la Ley de Juego de 2024, se avanzó en el análisis de las obligaciones derivadas y en la recopilación de expectativas de los distintos subsectores para actualijuegozar los reglamentos de máquinas y salones, casinos, bingos y apuestas.
Censo de locales
Castilla y León mantiene un volumen de juego controlado y sin expansión excesiva, con tres casinos, 17 bingos, 115 salones de juego, 14 casas de apuestas y más de 12.200 máquinas instaladas en establecimientos de hostelería, que suponen un ingreso complementario vital para este último sector. El registro de personas prohibidas para acceder a locales de juego suma 1.125 inscritos, una cifra que representa menos del 0,05 por ciento de la población mayor de 18 años y que incluye tanto autoprohibiciones voluntarias como resoluciones judiciales.
González Gago resaltó la existencia de atención sanitaria específica para quienes presenten problemáticas individuales, el control policial para prevenir fraude y blanqueo de capitales y el compromiso permanente con un juego responsable que garantice diversión sin engaños.
