Guardo se plantea volver a poner a la venta la parcela del proyecto de biomasa con el mismo destino si resuelve el anterior contrato

Podemos afirmó semanas atrás que la empresa promotora había dejado una deuda de 410.000 euros por los terrenos después de renunciar a la Planta de Biomasa en Guardo. El Ayuntamiento estudia las cláusulas establecidas y las posibilidad de poner de nuevo en el mercado el suelo

 

Pagaron una parte y otra está pendiente de abonar. El Ayuntamiento de Guardo se mueve en un escenario  un tanto peculiar con el proyecto de la biomasa. La empresa que compró el suelo, cedió meses atrás el proyecto a otra firma, pero el abono del precio establecido y los plazos fijados para el desarrollo del proyecto  ha sido imposible cumplirlos.

El Consistorio guardense es consciente de que legalmente, desde el punto de vista de la adjudicación, va a tener que ejecutar los avales, pero no quiere que eso vaya a ser un problema para que la empresa se pueda instalar. ¿Alterrnativa? Iniciar un segundo procedimiento de venta del terreno una vez resuelto el anterior contrato. Nueva venta, con un mismo destino.

Semanas atrás Ricardo López, portavoz de PODEMOS en el Ayuntamiento de Guardo, afirmó que existen varios incumplimientos por parte de la empresa que pretendía poner en marcha una planta de biomasa en Guardo sobre las condiciones establecidas en el contrato de compraventa de las parcelas de Campondón donde quería desarrollar su actividad.

“Adeuda a los guardenses la cantidad de 342.000 euros, el 75% del precio total de estos terrenos adjudicados en 2018, a pesar de que disponía de tres meses para ingresarlos en las arcas municipales”, señala y “tampoco ha depositado la garantía de 68.000 euros, ni el aval para responder al cumplimiento de sus obligaciones como adjudicatario en todo este tiempo”, añade.

PODEMOS también denunciaba que en mayo de 2019 la promotora cedió el proyecto y cambió su titularidad a otra empresa del mismo grupo «sin acreditar ante el Ayuntamiento de Guardo la capacidad financiera y económica, conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público”.

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