Enrique Santiago y Juan Gascón presentan en Palencia un plan que destina 2.000 millones de euros en cuatro años a construir 6.400 viviendas nuevas, adquirir 4.000 de la Sareb, rehabilitar 9.600 y generar 15.000 empleos
J.G.P. / ICAL
Izquierda Unida propone movilizar 20.000 viviendas en Castilla y León para frenar la despoblación y la especulación, según anunció hoy en Palencia el secretario general del PCE y diputado por Sumar, Enrique Santiago, junto al coordinador autonómico y candidato a la Junta, Juan Gascón, quienes detallaron un plan de 2.000 millones de euros en cuatro años que incluye construir 6.400 viviendas nuevas, adquirir 4.000 de la Sareb, rehabilitar 9.600 y generar 15.000 empleos.
La iniciativa busca garantizar la vivienda como un derecho humano, combatiendo la especulación, la despoblación rural y los alquileres inasumibles en zonas urbanas, y se enmarca en un contexto de negociación de los Presupuestos Generales del Estado donde, además, IU propone incrementar el techo de gasto en 62.000 millones de euros, lo que supondría 3.000 millones adicionales para Castilla y León, con el 40 por ciento destinado a políticas de vivienda.
Santiago destacó las acciones impulsadas a nivel nacional por IU a través del Grupo Parlamentario Sumar, con casi 40 iniciativas presentadas en lo que va de legislatura, nueve de ellas de ámbito estatal y el resto enfocadas en problemáticas territoriales. “La vivienda es un derecho, no un negocio”, enfatizó, y abogó por mecanismos eficaces para limitar los precios de los arrendamientos mediante la declaración obligatoria de zonas tensionadas.
El diputado criticó duramente las prácticas de administraciones del Partido Popular, “que cedieron vivienda pública pagada con recursos públicos a fondos de inversión internacionales a precios irrisorios”, y propuso que por ley nunca más pueda repetirse esta situación, aseguró en declaraciones recogidas por Ical. Asimismo, exigió una actitud más estricta con la Sareb, cuyos inmuebles deberían formar el núcleo de una agencia pública estatal de vivienda.
Santiago también alertó sobre la necesidad de frenar la “turistificación y la gentrificación”, que trasladan el negocio hostelero a viviendas en los centros urbanos y provocan subidas inaceptables en ciudades como Valladolid. Asimismo, defendió regular las hipotecas Redal, que permiten perseguir al deudor más allá del bien hipotecado con todos sus bienes presentes y futuros, y garantizar una dación en pago que no deje deudas vitalicias, que evite así situaciones de “muerte civil” para quienes no pueden hacer frente a sus obligaciones.
Por su parte, Juan Gascón subrayó el compromiso de IU con el ámbito rural, donde “la despoblación coexiste paradójicamente con la falta de vivienda para quienes desean instalarse en los pueblos”. “El PP lleva 38 años gobernando Castilla y León y ha sido incapaz de articular una política de vivienda ni urbana ni rural, concibiéndola como un bien de mercado y no como un derecho humano”, reprochó. Gascón apostó por un proceso de alquiler social temporal que evolucione hacia la compra según la situación vital de cada uno, priorizando la intervención pública sobre la propiedad especulativa.
El plan, surgido de un encuentro programático celebrado hace diez días en Valladolid, aborda problemas clave como la despoblación rural, los alquileres inasumibles en ciudades y la degradación del parque existente, defendiendo un modelo integral, sostenible y público que ponga el suelo y la vivienda al servicio de la mayoría social y no de los especuladores. Para Gascón, un eje fundamental es la transición ecológica y el empleo verde, “convirtiendo la política de vivienda en motor de desarrollo sostenible”. Mencionó ejemplos como las actuaciones en San Juanillo y Gaspar Arroyo en Palencia, proponiendo la rehabilitación masiva de barrios deteriorados con eficiencia energética, generación de empleo local a través de formación profesional en oficios de construcción y contratos con cooperativas.
El plan incluye incentivos específicos para la población juvenil, combatiendo la emancipación tardía -asumida como normal que jóvenes de treinta y tantos años vivan con sus padres- mediante bonos para traslado a municipios en riesgo de despoblación, independientemente de su tamaño. Para el ámbito rural, prevé subvenciones a la rehabilitación y dedica el 25 por ciento de las viviendas (5.000) a este entorno.
En cuanto a la regulación del mercado del alquiler, propone un índice de referencia autonómico, limitación de subidas anuales por encima del IPC, topes al 30 por ciento de los ingresos en vivienda pública y un plan de inspección contra alquileres desmesurados y fraude. Gascón criticó la inacción de la Junta ante propuestas municipales para declarar zonas tensionadas, calificándola de excusas para un gobierno más preocupado por confrontar al Estado que por construir comunidad.
El plan prevé movilizar 20.000 viviendas en cuatro años con una inversión de 2.000 millones de euros procedentes de fondos europeos, estatales y autonómicos: construcción de 6.400 viviendas nuevas a un coste aproximado de 2.000 euros por metro cuadrado (1.024 millones), adquisición de 4.000 viviendas de la Sareb y banca a una media de 100.000 euros por unidad (400 millones), rehabilitación de 9.600 viviendas a 600 euros por metro cuadrado (460,8 millones) y 115,2 millones para contratación de personal y otros gastos. Desde la formación aseguran que se generarán 15.000 empleos en construcción, rehabilitación y servicios públicos, con alquileres limitados en función de los ingresos, pudiendo llegar a 250-300 euros mensuales para los más vulnerables.
