IUCyL solicita la vacuna para todos estos trabajadores, tanto si dependen de Ayuntamientos, como de las Diputaciones provinciales y prestan el servicio en los pueblos de nuestra Comunidad.

Actualmente en CyL hay más de 5.200 trabajadoras de ayuda a domicilio (el 97% son mujeres) atienden a más de 22.000 personas.

Miles de trabajadoras que prestan el servicio de ayuda a domicilio tan necesario para atender el cuidado de personas mayores, de personas dependientes y grandes dependientes que, constituyen uno de los colectivos más vulnerables respecto al COVID-19.

Las trabajadoras de este servicio están en primera línea en la atención a dependientes y trabajan cuidando personas vulnerables al virus, por lo cual es relevante que dicho personal esté incluido como prioridad en la lucha contra la pandemia.

Somos conscientes que el problema de la privatización de este servicio ha generado una precarización de las condiciones en que trabajan todas estas mujeres, y que las empresas que gestionan no han sido todo lo eficientes que deberían en la dotación de EPIs de sus trabajadoras para proteger a las personas con las que trabajan y su propia salud.

El hecho que trabajen cuidando a varias personas mayores, con dependencia y/o con grandes dependencias de manera cercana y, en muchos casos, siendo contacto estrecho al realizar labores de aseo personal y colaborar en la movilidad más elemental de las personas que atienden, hace que sea necesaria su inclusión entre los sectores a recibir la vacuna de manera prioritaria.

Estas trabajadoras se desplazan de una casa a otra y conviven a lo largo de su jornada laboral con personas vulnerables al Coronavirus. Tienen un mayor riesgo de sufrir la enfermedad y pueden ser causa de la transmisión de la misma.

El pasado 18 de diciembre 2020 el Consejo Interterritorial (Sistema Nacional de Salud) publicó la Estrategia de Vacunación Frente al Covid-19 en España, en el cual se especifican los grupos de personas a las que se le administraran las vacunas de forma prioritaria, siendo estas:

  1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes.
  2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario.
  3. Otro personal sanitario y sociosanitario.
  4. Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente institucionalizadas.

IUCyL considera que las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio prestan sus servicios en ‘primera línea’ a colectivos especialmente vulnerables y son un colectivo prioritario al que administrar la vacuna.

Su exposición al Covid-19 es muy alta –hay usuarios/as que padecen la enfermedad y que, por no requerir hospitalización, siguen viviendo en sus domicilios y recibiendo allí́ el Servicio de Ayuda a Domicilio-; y es muy alta la posibilidad de que estas trabajadoras se conviertan en transmisoras involuntarias del virus entre una persona usuaria y otra.

Izquierda Unida de Castilla y León solicita que la Junta de Castilla y León tome conciencia de esta situación y planifique, de manera urgente, con los Ayuntamientos y Diputaciones que prestan el Servicio de Ayuda a Domicilio, la vacunación de todas sus trabajadoras.

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