Sanz Merino niega que la Junta haya actuado con «prisa», sino con «retraso», con la cadena actual y ve «manifiestamente mejorable» la ley de Publicidad Institucional
La Junta de Castilla y León licitará próximamente el concurso para otorgar la licencia de una nueva televisión autonómica, tras recibir el 18 de septiembre una comunicación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que informaba de que estaba libre un canal en el espacio radioeléctrico de la Comunidad.
Desde ese momento, inició la elaboración de las bases de este procedimiento para que viera la luz en el plazo de tres meses, según aseguró hoy el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, en su comparecencia en las Cortes para informar sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 en lo relativo a su departamento, tras la preguntas de la oposición.
En ese sentido, el titular de Movilidad explicó que la Junta cumple el mandato de la nueva ley de Publicidad Institucional, que consideró “manifiesta mejorable”. También, defendió que no haya una previsión presupuestaria en las cuentas de 2026 para la nueva televisión autonómica porque de momento no hay “licenciatario”, ni concurso de momento, por lo que sólo figura la partida plurianual acordada en la Comisión de la Televisión Digital Terrestre (TDT) del pasado mes de julio.
Asimismo, Sanz Merino explicó que si lo hubiera en el futuro la Junta podrá otorgar los fondos públicos por contenidos de interés para la Comunidad mediante un sistema de “concurrencia”, puesto que explicó ahora se procedía a concederlos de forma directa a la única cadena existente, como recordó sucedió en la última reunión de la Comisión de la TDT.
Finalmente, el consejero de Movilidad negó que la Junta haya actuado con “prisa”, sino más bien con “retraso”, a la hora de confirmar la renovación de la licencia de Radio Televisión Castilla y León, que recordó se produce de forma automática si se cumplen determinados criterios de acuerdo a la legislación estatal. De hecho, apuntó que por un elemento de “prudencia” esta decisión se demoró tres meses ante la tramitación de la nueva ley de Publicidad Institucional.
