La rendición de cuentas en plazo de los ayuntamientos registra una mejora

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Actividad municipal – Balance

La rendición de cuentas en plazo de los ayuntamientos ha registrado una mejora interanual de cuatro puntos porcentuales, según consta en el «Informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León» correspondiente a 2019 entregado en las Cortes por el Consejo de Cuentas.

Según este informe, a fecha de 21 de enero de 2021 (plazo de rendición ampliado por la normativa especial dictada en el marco de la pandemia COVID-19) 2.705 entidades locales rindieron la cuenta general del ejercicio 2019, lo que representa el 57 por ciento del total, y 1,5 puntos menos en comparación con la rendición en plazo en 2018.

En función del tipo de entidad, el mejor nivel de rendición corresponde a los ayuntamientos, con el 69 por ciento, que experimenta un incremento de 3,6 puntos porcentuales y aumenta en todas las provincias, salvo en León. El aumento más significativo se registró en Zamora, con 13 puntos, y destaca también el aumento de la rendición en plazo de Burgos, Soria y Valladolid.

Este informe pone de manifiesto también que Castilla y León presenta valores «ligeramente superiores» a la media nacional (64,7 por ciento), pero alejados de los mejores resultados ya que tres comunidades superan el 80 por ciento por la adopción de medidas que vinculan la concesión o el pago de subvenciones al cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas que Castilla y León ha comenzado a aplicar este año.

En referencia a los incumplimientos y si se toma como referencia el periodo 2014-2019, un total de 301 ayuntamientos, el 13 por ciento del total, tiene pendiente de rendición las cuentas de varios ejercicios y 27 de ellos no han rendido ninguno. De estos últimos, cinco ayuntamientos tienen entre 500 y 1.000 habitantes y los 22 restantes son menores de 500 habitantes.

En cuanto a la evolución de la rendición de cuentas de las entidades locales menores, se produce un retroceso interanual de siete puntos porcentuales y se sitúa en el 52 por ciento.

El informe del Consejo de Cuentas concluye también que entre las entidades locales de la Comunidad se produce un «incumplimiento elevado» de los plazos de aprobación del presupuesto del ejercicio 2019, con 1.671 entidades, el 62 por ciento de las que han rendido cuentas, que lo han hecho con posterioridad al plazo legal establecido (31 de diciembre de 2018).

Este incumplimiento también afecta a la aprobación de la liquidación del presupuesto, «pero en mucha menor medida» ya que en este caso hay 602 entidades que rebasan el plazo legal, el 22 por ciento de las que han rendido la cuenta general. En comparación con el ejercicio anterior, se produce una mejora en el cumplimiento de los plazos de la fase de aprobación del presupuesto de tres puntos y un «ligero descenso» de un punto en la fase de liquidación.

Por otro lado, entre las 868 cuentas del ejercicio 2019 que han sido objeto de revisión, solo 225 se presentaron completas y sin incidencias, y las 643 restantes contenían incidencias de diversa índole que fueron comunicadas a las entidades locales. Tras el proceso de subsanación de incidencias por las entidades correspondientes, el total de cuentas sin incidencias pasó a ser de 268, el 31 por ciento de las revisadas.

En cuanto a la naturaleza de las incidencias, un 41 por ciento fueron de carácter formal y están relacionadas con el incumplimiento de plazos o trámites del ciclo presupuestario y contable, y el resto, definidas como sustanciales, tuvieron que ver con la coherencia de la información (38 por ciento) e integridad de la misma (21 por ciento).

En cuanto a la liquidación presupuestaria, las 2.705 entidades locales de la Comunidad que rindieron cuentas reconocieron obligaciones (gastos) por importe total de 2.011 millones de euros en conjunto lo que en relación a los derechos reconocidos (ingresos), por importe de 2.080 millones, arroja un resultado agregado de 69 millones de euros.

Asimismo, el 72 por ciento de las entidades locales liquidó con resultado positivo, porcentaje que se eleva al 75 por ciento en el caso concreto de los ayuntamientos.

En concreto, los municipios gestionan en torno al 72 por ciento del total de los recursos y gastos correspondientes a todas las entidades locales y las diputaciones reconocieron derechos y obligaciones por importes equivalentes al 24 por ciento del total. En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales, en el 99 por ciento de las entidades locales resultó positivo con un importe agregado de 900 millones.

El Consejo de Cuentas constata asimismo que en el periodo analizado (2016-2019) presenta una trayectoria ascendente en todos los ejercicios, con un crecimiento global del 27 por ciento, mientras que los fondos líquidos de tesorería experimentan también una tendencia creciente en el periodo, con un incremento del 29 por ciento hasta alcanzar 980 millones de euros.

En cuanto al pasivo financiero, en 2019 descendió un 12 por ciento el importe de la deuda viva de las entidades locales, que de forma agregada sumaba 549 millones de euros al cierre del año. De dicho importe corresponde a los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes el 49 por ciento y a las diputaciones el 20 por ciento. La evolución del endeudamiento financiero entre los ejercicios 2015 y 2018 muestra una tendencia decreciente en todos los ejercicios, con una disminución global del 31 por ciento.

El órgano estatutario recuerda finalmente que las entidades locales tienen la obligación de remitir al Consejo de Cuentas la relación anual de los expedientes formalizados o, en su caso, una certificación negativa. Al cierre de 2020, un total de 1.228 entes del sector público local (26 por ciento del total) habían remitido la información contractual, con un descenso de 15 puntos porcentuales.

La información comunicada refleja la formalización en 2019 de 25.024 contratos por las entidades locales de la Comunidad (el 96 por ciento de ellos son contratos menores), con un importe de adjudicación de 238 millones de euros.

Finalmente y en función de los resultados del informe, el Consejo de Cuentas mantiene sus recomendaciones para impulsar medidas de estímulo de la rendición de cuentas.

El objetivo de esta fiscalización de mandato legal es verificar el cumplimiento por parte de las entidades locales de la obligación de rendir la cuenta general y comprobar que se ajusta a la normativa respecto a forma y contenido, así como su coherencia interna.

Asimismo, presenta las principales magnitudes presupuestarias y económico-financieras del sector público local y verifica además el cumplimiento de la obligación de remisión de información sobre la contratación administrativa.

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