LOMLOE = 3 x i [ ideología + inercia + ignorancia ]

M.a Ángeles Armisén Pedrejón
Presidenta provincial del PP de Palencia

 

Una de las medidas políticas de más calado del actual Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en su primer año de convulsa legislatura es el impulso a la LOMLOE, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (aquella Ley Orgánica de Educación que aprobó el anterior Ejecutivo socialista en 2006). Antes de analizar el contenido de la LOMLOE, quisiera subrayar dos cuestiones nominales, que revelan la intención gubernamental de confundir a la opinión pública. Primera maniobra de distracción: más que reformar la LOE, la nueva norma anula la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que aprobó en 2013 el Gobierno del Partido Popular (de hecho, se reconoce que ése es el objetivo —acabar con la llamada Ley Wert— en la exposición de motivos de la LOMLOE). Segunda maniobra de distracción: la nueva norma quiere presentarse como la Ley Celaá, pero es uno de los muchos trucos trileros de la reforma legal y una más de esas trampas propagandísticas habituales hoy en Moncloa y en el bipartido que lo sostiene; la LOMLOE en modo alguno es la ley de una ministra concreta, sino la de todo el Gobierno que preside el tándem Sánchez-Iglesias, de la coalición socialcomunista que lo sostiene y de dos aliados parlamentarios indispensables para aprobarse con exigua mayoría: la Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Nacionalista Vasco.

Ese bloque de izquierda y nacionalismo que gobierna en sus respectivas comunidades (Cataluña y País Vasco) —cuya escasa lealtad hacia la unidad de España, la igualdad de los ciudadanos y el espacio de convivencia que es nuestra Constitución de 1978 es evidente—sacó adelante la LOMLOE en el Congreso con una mayoría simple, la suficiente pero no la necesaria para una ley orgánica educativa, que debería buscar un consenso amplio, al afectar a derechos básicos de la persona.

Antes de comentar los aspectos más negativos de la LOMLOE, quiero remarcar el desprecio del Gobierno que comandan Sánchez e Iglesias hacia los grupos políticos que, como el Partido Popular, están llamados a gobernar España en un futuro próximo, hacia otros gobiernos autonómicos que gestionan la educación; y lo que es más importante, hacia la sociedad educativa (padres y madres, sindicatos de profesores y personal no docente, entidades de los colegios concertados, etcétera). Hace solo un año, el programa electoral del PSOE prometía un «Pacto Educativo» que «garantizase la plena participación de la comunidad educativa en el desarrollo y aplicación» de la nueva ley… ¿Por qué lo llaman ‘pacto’ si es ‘imposición’? El Ejecutivo aprovecha además la pandemia, con la tormenta perfecta que desata en la opinión pública, para impulsar con insólita celeridad esta profunda reforma legal en un ámbito sensible y fundamental para el futuro de los españoles, en especial el de nuestros hijos y nietos.

La lógica política elemental nos dice que difícilmente van a procurar el interés y el bien común de todos los españoles Esquerra y el PNV, partidos que siempre venden caros sus apoyos parlamentarios, más aún si el Gobierno se halla en minoría. Sin duda, parte del precio abonado ha sido la desaparición de la mención expresa del castellano como lengua vehicular en todo el país. Hace también un año, el Instituto Cervantes presentaba su anuario El español en el mundo 2019, donde cifraba en 580 millones los hispanohablantes del mundo (el 7,6% de la población global). Hoy es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, la tercera lengua más utilizada en internet y, sin que sea la propia, la que estudian veintidós millones de personas de ciento diez países distintos…

Más que este enorme potencial del castellano, en fin, más que Cervantes y el instituto que lleva su nombre por todo el mundo, ha pesado el apoyo coyuntural de ERC y PNV, cuyo propósito es suprimir el castellano como lengua vehicular en Cataluña y País Vasco, a lo que se unirán otros territorios, al abrirse la veda. El chantaje es tan evidente que se ha acudido al típex para borrar del artículo 89 una mención expresa del uso del castellano como lengua vehicular en toda España que sí aparecía en el proyecto de ley enviado a las Cortes, como cualquiera puede comprobar en la propia web ministerial.

Esta medida forma parte del atropello general a la libertad individual y familiar que inspira la LOMLOE, en la ya tradicional propensión a la ingeniería social que comparten los partidos y sindicatos de izquierda en España, que han visto siempre en las leyes educativas y en los centros públicos grandes herramientas para moldear ideológicamente a las futuras generaciones. Son delatoras las palabras que en enero pronunció la ministra Celaá, acerca del permiso parental a contenidos complementarios del currículo escolar: «No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres»… Claro que no. Los hijos no pertenecen a los padres, ¡pero menos aún al Estado, al Gobierno o a cualquier aparato administrativo! Los hijos son personas —ni una pertenencia ni una propiedad—, individuos de quienes deben responsabilizarse sus padres y madres (en su ausencia, sus tutores legales), conforme recuerda el artículo 39 de la Constitución, que nos exige «prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda».

En esa responsabilidad paterna/materna «de todo orden» para con los hijos se cimienta —a mi juicio, tanto o más que en el propio artículo 27 que regula el derecho a la educación y la libertad de enseñanza— el derecho de madres y padres a que los hijos reciban una formación acorde con sus convicciones, del que emana la libertad de elegir centro educativo. La Carta Magna reconoce en ese mismo artículo la libertad de enseñanza, la convivencia de centros de gestión pública y concertada (art.º 27.6), sostenida ésta con aportación de recursos públicos (art.º 27.9). También es otro atropello a la libertad y la responsabilidad de los padres ese propósito de la LOMLOE de suprimir los centros de educación especial, mediante la paulatina merma de sus usuarios, con el pretexto de una presunta integración en los colegios ordinarios que es puro voluntarismo y, en el mejor de los casos, un total desconocimiento de la extraordinaria labor que la educación especial realiza con esos alumnos que presentan discapacidades más agudas.

La LOMLOE ataca principios básicos constitucionales. Por eso es una ley ideológica en el peor sentido del término, en su lado excluyente y partidario. Antepone la política de primar una escuela pública y gratuita monopolizada por el Estado a la decisión familiar e individual de cada padre y madre en su ejercicio de la libertad de elegir el centro que encaja con su ideario y que ve adecuado para su hija o hijo. So capa de avanzar hacia un hipotético sistema educativo más igualitario, arrasa con el sumatorio de la libertad de los padres de elegir centro financiado públicamente, sea de gestión directa, sea gestionado por una entidad con la supervisión de la administración. Es decir, no puede eliminarse la concertación de centros sin cercenar de facto los mencionados derechos y libertades constitucionales.

Suelo decir, a propósito de la LOMLOE, que esta ley padece de tres íes que son sus tres males: ya he comentado que es una ley perversamente ideológica; explicaré por qué es también una ley de pura inercia, que promueve la ignorancia. La nueva ley es víctima de la inercia porque la izquierda de España, con el PSOE a la cabeza, no aborda la gran reforma que requiere el sistema educativo del país, más evidente a raíz de la pandemia y para aplicar en él una parte sustancial de los recursos europeos para paliar y superar la actual crisis. Esa falta de ambición deriva acaso de que su modelo educativo se ancla en mantras obsoletos, como que la educación es mejor y más justa con gestión pública directa y cuanto más dinero se emplea en ella. No siempre es así, pues los recursos deben acompañarse con estrategias como estimular el esfuerzo del alumnado, o el respeto al docente con respaldo continuo a su formación y autoridad, por citar solo dos coordenadas.

Los informes PISA revelan que no existe correlación directa entre gasto y aprendizaje. Resume bien la explicación un experto como Julio Pomés, presidente-fundador de la Fundación Civismo, doctor en Químicas y diplomado en Alta Dirección de Empresas por el IESE: «El igualitarismo de mínimos condena el esfuerzo y el mérito, lo que cercena el desarrollo intelectual». En los diagnósticos PISA, España (483 puntos en 2018) no supera el promedio de la OCDE (489 puntos), mientras Japón (3,2% del PIB en educación) y Corea del Sur (4,6% del PIB) se sitúan en la zona alta, con 529 y 519 puntos, respectivamente. Más en nuestro entorno, Alemania (503) y Polonia (511), naciones europeas, también logran buenos resultados con una proporción de gasto no muy distante de la española, con sus respectivos 4,8% y 4,6%. Sin querer abrumar con datos, concluyo. Tres países de nuestro entorno europeo con tasas de alumnado en colegios concertados más altas que España logran mucho mejores resultados PISA: Países Bajos (más del 63% en centros concertados), con 503 puntos; Reino Unido (60%), con 505 puntos; y Bélgica (55%), con 499 puntos.

La actual ministra de Educación pudo elegir como madre y optó por la enseñanza concertada. Cuando el PP gobierne, suprimirá esta ley para dar a todas las madres y a todos los padres la oportunidad de hacer lo mismo: elegir el centro de financiación pública que consideremos mejor para nuestros hijos e hijas. También implantaremos una única prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso de la Universidad (EBAU), garantía de igualdad de oportunidades para todo el alumnado español. Mientras tanto, recurriremos al Tribunal Constitucional y procuraremos, en las comunidades donde gobernemos, evitar los mayores perjuicios de esta LOMLOE que no mira al futuro, sino al pasado, fruto del pacto izquierdista, populista y nacionalista que rige hoy en el Gobierno de España.

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