Mejora de la protección de los trabajadores y de los usuarios de los centros de personas mayores y de personas con discapacidad

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) publica hoy la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a mejorar la protección de los trabajadores y de los usuarios de los centros de personas mayores y de personas con discapacidad. El presupuesto destinado a este fin es de dos millones de euros y la cuantía de la ayuda será del 80 % de la actuación subvencionable, hasta un máximo de 2.000 euros por centro de atención social.

El Decreto-Ley 5/2020, de 18 de junio, por el que se regulan las medidas extraordinarias que deben adoptarse en la atención social en los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y León para garantizar la protección de usuarios y profesionales ante situaciones excepcionales de salud pública declaradas oficialmente, prevé la creación de una línea de subvenciones de concesión directa, dirigidas a colaborar en la financiación del coste originado a las entidades titulares de los centros de atención social, en la adquisición de equipamiento de seguridad que se determine por los respectivos servicios de prevención de riesgos laborales, para la garantía de la salud de las personas trabajadoras de dichos centros, así como del material que deba ser usado para proteger a los residentes, de la asistencia externa para labores de desinfección y de la realización de acciones de sensibilización y formación dirigidas al personal y a los usuarios, sobre riesgos sanitarios y protocolos de actuación ante ellos.

El Decreto establece la obligación de disponer en los centros de existencias de equipos de protección individual (EPIs), como medida dirigida a la previsión de futuros rebrotes de la pandemia del coronavirus o ante la aparición de otras crisis de ese tipo, según se determine en cada caso por los servicios de prevención de riesgos laborales, en aplicación de la correspondiente normativa. Además, se insta a dichos centros a que dispongan del material necesario con su propio depósito de existencias, al menos, durante un periodo de cinco semanas que también deberá incluir material de protección para uso de los residentes, en número proporcional a la ocupación real del centro.

 

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