Sale adelante el reconocimiento extrajudicial de 90 facturas pendientes por las fiestas de San Antolín gracias a la abstención del PP, que “actúa con responsabilidad” y para evitar perjuicio a los proveedores
El resto de los grupos votan en contra y Vox pide la dimisión del concejal de Fiestas
La polémica sobre el gasto extra en las pasadas fiestas de San Antolín, que salió a la palestra tras la comisión de Hacienda del 11 de febrero, llegaba al Pleno Ordinario de este jueves, que es cuando los 25 concejales debían afrontar una votación difícil. Si decidían castigar al equipo de Gobierno y no reconocían ese gasto fuera del presupuesto, impedían el pago de todas las facturas a las empresas que han prestado ya sus bienes y servicios al Ayuntamiento. Pero, si lo hacían, pasaban por alto lo que, en palabras de Sergio Abril, del grupo popular, “es un reconocimiento extraordinario que empieza a convertirse en ordinario”.
El debate en aquella comisión, cuyo informe fue desfavorable, cristalizó en la división del paquete de facturas, tal y como ha recordado hoy el concejal de Hacienda, Carlos Hernández. De un total de 815.208,57 € “que el Ayuntamiento ya tiene preparados” para pagar esas facturas, se propuso crear un paquete para las correspondientes al área de Cultura, Turismo y Fiestas: 90 facturas por un importe total de 436.324,05 euros. Los 378.884,52 € restantes corresponden a otros conceptos de gasto y áreas municipales.
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“Quizás lo que buscaban los grupos era castigar al concejal de Cultura y Fiestas votando no a las 90 facturas de este servicio. Si este era el sentido de esa propuesta, el Equipo de Gobierno no puede consentir semejante diferencia de trato a los empresarios que están pendientes de sus facturas”, recordaba el edil de Hacienda, que insistía en que la competencia final de ese reconocimiento es del Pleno y que, de no abonarse, los empresarios se verían obligados a denunciar el impago ante un juez, por un servicio prestado o bien ya provisto. “No solo se les causa a ellos un daño directo, sino que esa decisión afectará a la reputación de todo un Ayuntamiento”, advertía.
Finalmente, esos empresarios cobrarán las facturas, ya que el reconocimiento extrajudicial de crédito salió adelante gracias a la abstención del PP y de Domiciano Curiel. “Hoy, el voto será la responsabilidad. Mañana, será la consecuencia”, advertía Sergio Abril, del Partido Popular. “Los desbarajustes internos no pueden seguir pagándolos ni este Ayuntamiento, ni la población de Palencia, ni los proveedores de bienes y servicios, sino ustedes”.
Disculpa, asunción de responsabilidad o dimisión
Quienes no votaron a favor, pese al riesgo de impago, fue el concejal no adscrito Ricardo Carrancio, ni tampoco los ediles de ¡Vamos Palencia! o IU-Podemos. Vox, también con voto en contra, fue más allá: su portavoz, Sonia Lalanda, pidió la dimisión del concejal de Fiestas, Francisco Fernández, o su cese por parte de la alcaldesa.
En un largo debate, todos los grupos de la oposición coincidieron al criticar que el reconocimiento extrajudicial de crédito se haya convertido en una figura recurrente, con más de 6 millones de euros fuera de presupuesto en 2024, según recordó Abril, a lo que Miriam Andrés respondió que buena parte de ese importe correspondía a contratos no renovados por el anterior Equipo de Gobierno, del PP, como el de energía.
“Queremos mostrar nuestro desacuerdo con ese modo de gestión. Si votamos a favor o abstención, solo perpetuamos que las cosas se sigan haciendo mal, así que votaremos que no”, anticipaba María Isabel Contreras, de ¡Vamos Palencia!.
El concejal popular Sergio Abril, que ironizó denominado un reconocimiento extrajudicial “ómnibus” que busca “intentar que 25 concejales hagan de golpe y plumazo el trabajo que no ha hecho quien tenía competencia”, criticó que el equipo de Gobierno “lleve gastando sin crédito desde julio de 2024 en partidas de todo tipo. ¿Ya no había dinero en verano de 2024? ¿Tan mal estaban y gastaron lo que no tenían? ¿Y todas las modificaciones presupuestarias que hemos visto?”, se preguntaba. “Compiten dopados con una gestión que insulta a la ética, la transparencia y los controles establecidos para la gestión de lo público”.
El concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández, entonaba el mea culpa y admitía la necesidad de mejorar en la gestión de un área con una elevada carga de trabajo y presión constante. “Pido disculpas por esta gestión y claramente lo extraordinario no se va a convertir en ordinario”, aseguraba. Y lamentaba no haber sido capaz de comunicar bien, en su momento, “una situación muy difícil de manejar”.
Pero explicaba, “sin ánimo de justificarme”, que cuando se liquidó el presupuesto de 2023 en el mes de junio de 2024, el grueso de los contratos de San Antolín ya estaban firmados y las fiestas programadas.
“No soy un superhéroe”
En ese momento, cuando al liquidar el presupuesto en junio ya estaban comprometidos los contratos de las fiestas, “sufrimos como perros ante una decisión tan complicada, porque tienes responsabilidad también con las empresas que programan, que forman parte de esas producciones y que han adelantado el dinero”, por ejemplo, para el caché de artistas que ya tienen reservada la fecha. De haber esperado a la liquidación de junio, habría sido demasiado tarde para organizar los festejos de San Antolín.
Fernández se explayó en explicar la “importante responsabilidad” que adquiere la Concejalía con las empresas promotoras, que son en inmensa su mayoría compañías de Palencia, y en las consecuencias que hubiera tenido “desmontar ese programa” en el mes de julio. “Me hubiera gustado ver a cada uno en mi posición: Maribel, Sergio, ¿qué hubierais hecho vosotros? ¿Dejar sin trabajo a un montón de gente?”.
La cuestión, insistía, es que el presupuesto de Fiestas venía lastrado por los reconocimientos del ejercicio anterior. “No soy un superhéroe ni he venido a salvar el mundo, tengo dudas por mi trabajo y cada día me planteo si lo podemos hacer mejor o si otra persona puede hacerlo mejor que yo”, admitía, reconociendo que se cometió el error de “comunicar peor de lo que merecía la situación”. Con todo, Fernández defendía que “las fiestas son una inversión muy consistente para la ciudad, y si no, pregúntenlo a la hostelería o la hotelería. No se puede prescindir de las fiestas porque generan economía”.
“No es el concejal, soy yo”
Por su parte, la alcaldesa, Miriam Andrés, asumía toda la responsabilidad de la decisión adoptada en julio de 2024 de continuar adelante con la programación festiva comprometida. “No es el concejal quien decide tirar para adelante, soy yo, cuando en junio tenemos el remanente negativo y tenemos las fiestas de San Antolín precontratadas. Soy yo. Toda la responsabilidad, a mí. Y estoy convencida de que cualquier alcalde hubiera tomado la misma decisión”.
Aún así, admitió que debería haberse comunicado esa decisión a los portavoces del resto de los grupos. “Asumo mi responsabilidad, entre otras cosas porque en última instancia responden con sus votos”, afirmó, agradeciendo la abstención del PP, “desde la legitimidad que me da haber hecho lo mismo cuando yo estaba en la oposición”. Y recalcó que la situación “era extraordinaria” ante un remanente negativo.
“Asumo el compromiso: no podemos seguir trayendo este tipo de reconocimientos extrajudiciales de facturas y encargos sin crédito. Me comprometo a ese nivel. Otra cosa es que ante circunstancias sobrevenidas se tenga que hablar con los portavoces y se comunique”.
