Boom de la población extranjera: Castilla y León registra el tercer mayor crecimiento de España desde 2021 tras aumentar un 26%

El CES relaciona los “llamativos” aumentos en términos porcentuales por el “creciente” asentamiento en entornos rurales y la importancia de la mano de obra extranjera en sectores como la agricultura

Travesí / ICAL

España se ha consolidado como país receptor de inmigración pero los patrones de concentración de la población de origen extranjero han cambiado. Si en los primeros años del siglo se aglutinaba en la vertiente del Mediterráneo, las zonas insulares y Madrid, con una presencia muy escasa del resto del territorio, a lo largo de las dos últimas décadas, la población extranjera se ha desplegado en la mayor parte de la superficie geográfica nacional. Pese a mantenerse una mayor densidad en zonas concretas, el fenómeno de la inmigración ha llegado a todos territorios. Un claro ejemplo es Castilla y León, que se ha convertido en la comunidad con el tercer mayor crecimiento de inmigrantes de España desde el año 2021, tras aumentar un 26 por ciento. Un porcentaje que solo es superado por Valencia (29 por ciento) y Castilla-La Mancha (27 por ciento) y seguida muy de cerca de Asturias (25 por ciento).

El Informe sobre la realidad migratoria en España: Prioridades para las políticas públicas, elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) y consultado por la Agencia Ical, señala que la mayor parte de la población inmigrante en 2025 vive en Cataluña (21,5 por ciento), Madrid (19 por ciento), Valencia (13,9 por ciento) y Andalucía (11,9 por ciento). No en vano, estas cuatro comunidades concentran el 66 por ciento, siendo Madrid y Barcelona las ciudades con mayor presencia, con 1,8 millones y 1,5 millones de personas nacidas en el extranjero, respectivamente.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), ya sea la Estadística del Padrón Continuo o bien el Censo anual de población, sitúan la cifra de los residentes extranjeros en la Comunidad en 184.135 en 2024 frente a los 144.110 registrados en 2021. El año pasado, aumentó un 9,6 por ciento pero el mayor incremento tuvo lugar en 2023, tras subir un 14,2 por ciento. Casi la mitad de esa población inmigrante reside en capitales de provincia (48,3 por ciento) aunque más de uno de cada cuatro extranjeros vive en el ámbito considerado ‘rural profundo’, en municipios de menos de 2.000 habitantes, al suponer el 27,6 por ciento del total.

En este sentido, el CES relaciona los “llamativos” aumentos de población extranjera en Castilla y León en términos porcentuales por el “creciente” asentamiento en entornos rurales y la importancia de la mano de obra extranjera en sectores como la agricultura. Además, precisa que son datos que hay que interpretar a sus “muy bajos” volúmenes de partida.

Castilla y León, pese a registrar el tercer mayor incremento porcentual de inmigrantes en los últimos tres años, acapara solo el tres por ciento de la población nacida fuera de España, no necesariamente de nacionalidad extranjera, por los procesos de nacionalización. Es la séptima tasa más baja del país, por detrás de La Rioja y Extremadura (0,7 por ciento, en cada caso), Cantabria (0,8 por ciento), Asturias (1,2 por ciento), Navarra (1,4 por ciento) y Aragón (2,6 por ciento).

10% población activa

El informe del Consejo Económico y Social también menciona aspectos relacionados con el empleo de las personas migrantes y permite observar que las personas trabajadoras migrantes suponen el diez por ciento del total de la población activa de Castilla y León, por debajo de la media española, del 15,9 por ciento. El mayor peso se encuentra en Islas Baleares (23 por ciento), seguida de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, que ya concentran una parte importante de los trabajadores en términos absolutos. A estos territorios les siguen otros como Murcia o La Rioja, con porcentajes en torno al 18 por ciento, que son “reveladores” de la contribución clave de los activos de origen extranjero en zonas con un peso importante del sector primario y actividades asociadas.

En cuanto a la participación laboral de la población extranjera, el INE indica que entre 2006 y 2024 el 53 por ciento del aumento de los extranjeros ha pasado a formar parte de la población activa de la Comunidad. En concreto, el 59 por ciento en el caso de los hombres y el 47 por ciento en las mujeres. El dato de afiliación media anual en 2024 fie de 67.537 personas extranjeras afiliadas al régimen general en Castilla y León y 10.471 al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

El informe del CES confirma que la población migrante representa así ya una quinta parte de la población residente en España y resulta “esencial” para sostener el crecimiento económico, el empleo y las pensiones. En este sentido, los últimos datos de la Seguridad Social recogen que los trabajadores extranjeros suponen ya el el 10,4 por ciento en Castilla y León, el 7,4 por ciento en Asturias y el 7,1 por ciento en Galicia, lo que -según el Ministerio de Inclusión- refleja el “papel clave” en la sostenibilidad de los territorios con mayor reto demográfico.

En cuanto al asentamiento de los extranjeros en el territorio de cada comunidad, Castilla y León también ocupa los últimos puestos, ya que solo el 12 por ciento del total de su población nació en otros países. Es el mismo porcentaje que en Galicia y solo superado por Extremadura, donde es apenas un seis por ciento. Por el contrario, Baleares constituye la región con mayor tasa de población extranjera en el ámbito autonómico (28 por ciento), con un modelo económico que está fuertemente vinculado al turismo y a la inmigración, donde coinciden trabajadores estacionales con otras de origen europeo y alto poder adquisitivo que han establecido su primera o segunda residencia en las islas. Le siguen Madrid y Cataluña (25 por ciento, en cada caso), Valencia (24 por ciento) y Canarias (23 por ciento) y Murcia y Navarra (20 por ciento, cada una). Todas ellas están por encima de la media nacional, que se sitúa en el 19 por ciento.

De momento, según recogió Ical, ninguna provincia de la Comunidad supera ese porcentaje estatal, aunque Soria (17,9 por ciento) y Segovia (17,5 por ciento) están cerca. A continuación, aparece Burgos (14,6 por ciento) y, ya más alejadas, Ávila (12,9 por ciento), Valladolid (11 por ciento), Salamanca (10,6 por ciento), León (10,2 por ciento), Palencia (9,8 por ciento) y Zamora (8,3 por ciento). La provincia zamorana registra el séptimo porcentaje más bajo de España, solo superada por los datos de Córdoba (5,2 ), Jaén (5,4), Badajoz (5,6), Cáceres (7) y Sevilla y Cádiz (7,6 por ciento, en cada caso), que tienen una proporción muy inferior de población de origen extranjero.

En cuanto al área de procedencia de los residentes extranjeros en la Comunidad, según los datos del INE, se reparten entre los originarios de países de la Unión Europea y Sudamérica, un 31,6 por ciento en cada caso, seguido de África (18,5 por ciento), Centroamérica y Caribe (8,1 por ciento), principalmente.

El documento, encargado por el Gobierno a principios de año, analiza el papel estructural de la migración en el desarrollo demográfico, económico y social del país, y servirá de referencia para reforzar una política migratoria integral, ordenada, humanitaria y con perspectiva de género. El estudio señala que España necesitará incorporar 2,4 millones de personas al mercado laboral en los próximos diez años para mantener su nivel productivo, y que las personas migrantes serán esenciales para cubrir esa demanda, debido al previsible descenso de la población autóctona en edad de trabajar.

El presidente del CES, Antón Costas, destacó que “desde 2019, el ciclo inmigratorio en España ha entrado en una fase más madura. Después del pico alcanzado en 2024, el ritmo de crecimiento se ha moderado en 2025 y tiende a reducirse. Los impactos de la inmigración sobre el crecimiento, el empleo, la productividad y la demografía están siendo muy positivos, favorecidos por las reformas del Reglamento de Extranjería de 2022 y 2024.”

Mejorar percepción

Añadió que, sin embargo, “la percepción pública sobre la inmigración ha empeorado, posiblemente por la concentración en algunos espacios y la insuficiente cooperación interadministrativa en la gestión de los flujos de inmigración irregular.” En este sentido, Costas apostó por tres actuaciones necesarias para mantener “los impactos positivos y mejorar la percepción pública”: una mayor coordinación entre administraciones, y una mejor integración social de las mujeres migrantes y de la infancia y juventud, sea cual sea su nacionalidad de origen.