¿Qué es el ‘pin parental’ y en qué CCAA se estudia implantar?

Al menos tres comunidades autónomas –Murcia, Andalucía y Madrid– podrían acabar implantando el ‘pin parental’ a instancias de Vox, aunque la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ya ha avanzado en el caso de una de ellas –Murcia–, que recurrirá de nuevo la medida si llega a aplicarse.

El ‘pin parental’ ha regresado a la actualidad nacional tras el nombramiento de la nueva consejera de Educación y Cultura en la Región de Murcia, Mabel Campuzano, de Vox. Campuzano anunció hace unos días que trabajará para imponer dicha medida el próximo curso.

Se trata de uno de los puntos más significativos del programa electoral de Vox en 2019 y una medida exigida reiteradamente para apoyar gobiernos del PP: «Consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales» de sus hijos en los centros educativos.

La formación que lidera Santiago Abascal defiende que el veto de los padres se aplica para «defender» a los menores del «adoctrinamiento» en una determinada ideología, ya que las actividades para las que se pide el consentimiento de los progenitores pueden versar sobre feminismo, sexualidad o LGTBI, temas que rechaza este partido.

Tras las elecciones en la Región de Murcia, en mayo de 2019, Vox condicionó su apoyo al gobierno a la implantación de varias medidas, entre las que se encontraba el ‘pin parental’. Se puso en marcha en esta comunidad en el curso escolar 2019-2020, tras el envío de dos Instrucciones en agosto por parte de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Cultura a los centros de enseñanza.

En esas instrucciones se planteaba que «aquellas (actividades) que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo se dará conocimiento a las familias (…) al inicio del curso escolar con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades».

En resumen, los padres, madres o tutores legales pueden mostrar su rechazo a que el menor realice una actividad complementaria, pero también plantea que si no entregan en el centro educativo el documento con el permiso explícito, «se entenderá que muestran disconformidad con la participación del menor en tales actividades».

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