El Consejo de Cuentas destaca que, con carácter general, los ayuntamientos de la Comunidad cumplen con la obligación de publicar en los portales de transparencia los planes de ahorro y eficiencia energética
ICAL
Una fiscalización del Consejo de Cuentas sobre las medidas de ahorro energético adoptadas por determinados municipios de Castilla y León pone de manifiesto que todas las capitales de provincia mayores de 50.000 habitantes cumplen la elaboración y tramitación de planes de movilidad urbana sostenible, si bien no todas incluían, a finales de 2023, todas las medidas de la Ley de cambio climático y transición energética, como el establecimiento de una zona de bajas emisiones (ZBE).
Así, solo los planes de los ayuntamientos de Burgos, Palencia y Valladolid incluían a la finalización del informe todas las medidas de la Ley, mientras que el resto de las entidades no había previsto en el plan el establecimiento de una Zona de Bajas Emisiones y, por tanto, tampoco habían integrado los planes específicos de electrificación de última milla (movilidad eléctrica) con dichas zonas.
En el informe, presentado esta tarde en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, se subraya también que se cumple, con carácter general, con la obligación de publicación en los portales de transparencia de los planes relacionados con el ahorro y la eficiencia energética.
En el apartado de recomendaciones, el Consejo señala que los ayuntamientos de Miranda de Ebro, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Segovia, Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero y Medina del Campo deberían elaborar y aprobar una herramienta de planificación general en materia de ahorro y eficiencia energética, como puede ser el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (Paces), de forma que a través de este se encaucen sus actuaciones. En esta línea, el Ayuntamiento de Ávila debería aprobar el plan que ya tiene elaborado. Este plan debería elaborarse con los agentes sociales y económicos e incluir una fase de diagnóstico que analice el contexto físico y geográfico del municipio.
El trabajo presentado hoy se trata de una fiscalización operativa realizada en colaboración con el Tribunal de Cuentas centrada en los procedimientos y actuaciones realizados por las entidades locales para la planificación y el control de las políticas de ahorro y eficiencia energética. Para ello, se analizó la situación existente a 30 de junio de 2023, sin perjuicio del examen de algunas actuaciones llevadas a cabo posteriormente.
La fiscalización tiene además un componente de cumplimiento de la legalidad para verificar si la planificación estratégica incorpora las obligaciones estipuladas por las principales normas sobre el ahorro y la eficiencia energética, y también para comprobar si son atendidas las obligaciones de transparencia.
El examen global de la actuación planificadora recayó sobre las nueve nueve diputaciones y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la Comunidad, totalizando 25 entidades. Por otra parte, sobre las capitales de provincia de más de 50.000 habitantes que disponen de instrumentos de planificación, se examinó su contenido, procedimientos de elaboración, seguimiento y monitoreo, comprobándose el cumplimiento de la normativa en materia de eficiencia energética y de transparencia.
El marco de la política energética y climática en España está determinado por la UE, que a su vez responde a los requerimientos de los tratados internacionales para dar una respuesta global y coordinada al reto de la crisis climática. Así, la Ley de cambio climático y transición energética tiene por objeto facilitar la descarbonización de la economía, su transición a un modelo circular que garantice el uso racional y solidario de los recursos promoviendo la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible. La Administración del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales deben dar cumplimiento al objeto de esta Ley en el ámbito de sus competencias.
Con relación a la planificación en ahorro y eficiencia energética, todas las capitales de provincia, a excepción de Segovia, están adheridas al movimiento europeo del Pacto de Alcaldes sobre el Clima y la Energía, y en virtud de ello aprobaron un plan de acción general en materia de ahorro y eficiencia energética. Los ayuntamientos de Segovia, Miranda de Ebro, Ponferrada, Laguna de Duero y Arroyo de la Encomienda han acreditado haber adoptado medidas relacionadas con el ahorro y la eficiencia energética, si bien no enmarcadas en un plan. Además, todos los ayuntamientos menos Zamora y Medina del Campo se adhieren a programas de ámbito regional, estatal o internacional.
Las diputaciones, con carácter general, no están adheridas a ningún tipo de pacto por el clima y la energía, aunque algunas como las de Burgos, Palencia, Salamanca y Segovia, cuentan con instrumentos de planificación general en esta materia, mientras que la de Ávila cuenta con una agencia específica.
