En la provincia de Palencia hay en torno a 65 residencias privadas que emplean a unas 2.000 personas, de las que más del 95 % son mujeres
El miércoles 18 de septiembre, la sede de UGT Palencia acogió una asamblea masiva de delegadas y delegados del sector de residencias privadas de mayores. La cita tuvo como finalidad preparar las propuestas que se presentarán en la próxima negociación del convenio colectivo, cuya vigencia expira a finales de este año.
En la provincia funcionan en torno a 65 residencias privadas que emplean a unas 2.000 personas, de las que más del 95 % son mujeres. El personal denuncia unas condiciones de trabajo precarias y obsoletas, pese a tratarse de un servicio esencial para la atención a los mayores y una de las principales fuentes de empleo femenino en el territorio.
Durante la reunión, la plantilla fijó sus prioridades para el nuevo convenio, que pasan por:
- Incremento salarial acorde con la exigencia física y emocional del puesto.
- Avances en salud laboral, con complementos en las bajas médicas y suministro adecuado de EPIs.
- Reconocimiento de permisos retribuidos, como la asistencia a consultas médicas.
- Reducción de jornada hasta un máximo de 36 horas semanales.
- Acceso a la jubilación parcial o anticipada sin pérdida económica.
“El convenio vigente está completamente desfasado e ignora derechos básicos. Ni siquiera se contempla acudir al médico sin merma salarial, y las bajas suponen un castigo directo”, señaló Laura Saiz, secretaria provincial de UGT Palencia.
La preocupación se ha intensificado tras conocerse el borrador del nuevo decreto de la Junta de Castilla y León, que regulará estos centros. Según UGT, el texto no prevé un refuerzo suficiente de las plantillas, lo que compromete la calidad de la atención.
“Sin más personal no se puede garantizar un servicio digno. Las trabajadoras acaban exhaustas, muchas con niveles de estrés y agotamiento que requieren incluso medicación. Es insostenible”, advirtió Saiz.
El sindicato hace un llamamiento tanto a la patronal, para que encare con responsabilidad la negociación, como a la Junta, a la que exige modificar el borrador e incrementar los recursos humanos en las residencias. “Cuidar de nuestros mayores no puede seguir haciéndose a costa de la salud y la dignidad de quienes les atienden”, concluyó.
