Un niño de 9 años de Palencia sigue sin mediador comunicativo pese a una sentencia judicial

La familia de Matías, un niño de 9 años con una deleción en el cromosoma 18q, denuncia que el profesional que debía empezar esta semana todavía no ha sido contratado y reclama a Educación que ejecute íntegramente el fallo judicial.
Familia Matías posando en un campo con sonrisas y alegría.
Tay Iglesias y Carlos Cubillo junto a sus hijos Marcos y Matías.

La familia de Matías Cubillo Iglesias, alumno del Colegio de Educación Especial Carrechiquilla de Palencia, denuncia que el mediador comunicativo que debía comenzar a trabajar con el menor esta semana aún no cuenta con contrato laboral, lo que ha impedido que el apoyo se haya puesto en marcha pese a existir una sentencia judicial que reconoce ese derecho.

Según explican los padres, se les había trasladado que el profesional iniciaría su labor el miércoles 11 de marzo. Sin embargo, el inicio no se ha producido porque la persona designada todavía no dispone del contrato necesario para incorporarse al centro. Para la familia, esta situación “impide que Matías reciba el apoyo prometido” y «evidencia la falta de previsión administrativa» tras meses de espera.

El caso se remonta al fallo dictado el pasado 27 de enero por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ratificó el derecho del menor a contar con un mediador comunicativo. Aun así, la familia sostiene que la ejecución de la sentencia está siendo “precaria” y que, por el momento, el recurso no se ha materializado en el aula.

Además, señalan que la Dirección Provincial de Educación ha planteado un apoyo limitado a diez horas semanales, concentradas únicamente los miércoles y los viernes. En opinión de los padres, esta decisión «priva a Matías de su derecho a aprender y comunicarse el resto de la semana vulnerando su derecho fundamental a una educación digna e inclusiva».

La familia asegura haber intentado contactar este miércoles con la Dirección Provincial de Educación de Palencia para solicitar una reunión urgente con el fin de abordar la situación. Según denuncian, el encuentro aún no se ha concretado y consideran que la administración está dilatando la respuesta.

Ante esta situación, reclaman que se formalice cuanto antes el contrato del mediador comunicativo y que se adopten las medidas necesarias para aplicar íntegramente la sentencia judicial. También piden que se dote al centro de recursos suficientes para cubrir toda la jornada lectiva.

Comunicación a través de la lengua de signos

Matías, de 9 años, nació con una deleción en el cromosoma 18q, una condición genética que afecta de forma significativa a su capacidad de habla. Tras varios años de dificultades, su familia encontró en la Lengua de Signos Española (LSE) una vía eficaz para que el menor pueda comunicarse.

Actualmente, según explican sus padres, el niño utiliza signos básicos gracias al trabajo realizado en casa y al apoyo de terapeutas privados que la familia costea. Tanto estos profesionales como la Asociación de Sordos de Palencia han respaldado el uso de la LSE como herramienta de desarrollo comunicativo.

En un primer momento, los padres de Matías indican que la administración educativa «denegó inicialmente esta figura alegando que el niño no tiene una discapacidad auditiva».

La familia recuerda, sin embargo, que este perfil profesional también está dirigido a personas con dificultades graves de lenguaje y habla. Matías “posee una intención comunicativa feroz», señala Iglesias.

Para los padres, la presencia de un mediador comunicativo es clave para que el menor pueda participar con normalidad en el aula, en las actividades del centro y en la relación con sus compañeros. Aseguran que la falta de comprensión en el entorno escolar puede generar frustración en el niño, pese a que su capacidad de comprensión oral es buena.

La familia insiste en que la comunicación “no tiene horario” y que la mediación debería formar parte de la jornada escolar diaria. Por ello, reiteran su petición a la Dirección Provincial de Educación para que se formalice la contratación del profesional y se garantice la aplicación completa de la sentencia.

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