Inician una campaña de protestas contra la nueva normativa
Las clínicas veterinarias de Palencia se suman a la campaña nacional de protestas contra la nueva normativa (Real Decreto 666/2023) del Gobierno Central que regula la distribución, prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios.
En una nota de prensa remitida a los medios de comunicación ponen de manifiesto que que «las medidas de esta norma chocan con la buena praxis de los profesionales veterinarios que se dedican a la clínica de animales de compañía y mascotas».
“La normativa actual dificulta que podamos dispensar medicamentos directamente en nuestras clínicas, lo que obliga a los propietarios de los animales a buscarlos en farmacias, donde muchas veces no hay formatos adecuados o se entrega más cantidad de la necesaria. Todo ello fomenta la automedicación y el riesgo de resistencias antibióticas”, señalan desde el Colegio de Veterinarios de Palencia.
«En un momento en que la sociedad demanda mayor defensa de la salud y del bienestar animal para sus mascotas», los veterinarios alertan de que esta regulación supone «un menoscabo de la salud animal, ya que imposibilita el criterio profesional a la hora de aplicar determinados tratamientos e incrementa las dificultades en el suministro de fármacos».
Todo esto, aseguran, incrementa de forma exponencial el riesgo en la salud de las mascotas y limita de forma alarmante la capacidad «para ejercer una medicina veterinaria de calidad».
“Lo que está en juego no es solo nuestra capacidad de ejercer la actividad veterinaria de forma ética y profesional, sino también la salud y el bienestar de las mascotas. Esta normativa nos ata de pies y manos y pone barreras insalvables. Además, esta situación incrementa los costes de los tratamientos y dificulta el acceso a ellos, especialmente en zonas rurales”, agregan desde el colectivo.
La primera medida de presión tendrá lugar este 11 de febrero, con un cierre de las clínicas veterinarias de Palencia a las 11 horas. «El objetivo es hacer un llamamiento al Gobierno para iniciar un diálogo con los profesionales, que permita corregir estos errores».
