Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo de Palencia, han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a la explotación laboral de personas migrantes en obradores de pan situados en Aguilar de Campoo y Ampudia. La operación se ha saldado con la detención de cinco personas —cuatro en la provincia palentina y una en Alicante—, la liberación de 12 víctimas y la clausura judicial de dos centros de trabajo.
La investigación se inició en junio del pasado año tras detectarse irregularidades laborales en varios obradores de ambas localidades. Las pesquisas permitieron constatar la existencia de un entramado que captaba a ciudadanos extranjeros aprovechando su situación administrativa y económica. Según la información policial, la red facilitaba la obtención de certificados de insuficiencia de candidatos emitidos por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, documentos necesarios para tramitar autorizaciones de residencia y trabajo.
Para gestionar estos trámites, según fuentes policiales, las víctimas debían realizar pagos en efectivo que oscilaban entre los 15.000 y los 20.000 euros, cantidades que se canalizaban a través de intermediarios. Una vez en España, los trabajadores quedaban sometidos a presiones constantes. Según la investigación, eran amenazados con la retirada de los permisos de residencia y trabajo si no aceptaban las condiciones laborales impuestas, lo que podía suponer su expulsión del país.
Las pesquisas también han puesto de manifiesto que los trabajadores eran aleccionados para no atender a la Policía o para falsear su situación en caso de inspecciones laborales. Además, los responsables de la red mantenían un control permanente mediante sistemas de videovigilancia instalados en los centros, generando un clima de intimidación continuada.
Las condiciones laborales detectadas por la Policía Nacional se caracterizaban por jornadas que oscilaban entre las 10 y las 17 horas diarias, sin descansos semanales ni vacaciones, y sin recibir compensación económica. Los obradores, dedicados a la panadería y pastelería, registraban temperaturas superiores a los 40 grados. Según la Policía, los responsables prohibían abrir puertas y ventanas, lo que obligaba a algunos trabajadores a desnudarse para soportar el calor.
A estas circunstancias se sumaban deficiencias higiénico-sanitarias, con presencia de insectos y roedores en los centros de trabajo. Parte de las víctimas residía en viviendas ocupadas por el empresario o situadas junto a los obradores. En algunos casos, las facturas de suministros eran asumidas por los propietarios legítimos de los inmuebles, quienes presuntamente sufrían coacciones por parte de la organización.
El dispositivo policial incluyó cinco registros simultáneos, tres en domicilios y dos en los propios obradores, que quedaron clausurados por orden judicial. Durante la actuación se intervinieron 3.000 euros en efectivo y abundante documentación, cuyo análisis continúa abierto. Los investigadores no descartan nuevas detenciones vinculadas a este entramado.
