Asaja de Castilla y León reclamó a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que introduzca en 2026 “determinadas flexibilidades” en el programa agroambiental de cultivos agroindustriales sostenibles -conocido como el de la remolacha-, para permitir que los productores cobren la ayuda agroambiental, de unos 500 euros por hectárea sembrada, sin necesidad de ajustarse a las que figuran en el contrato plurianual suscrito años anteriores. De esta manera, se haría frente a situaciones “sobrevenidas”, que la organización agraria califica de fuerza mayor, como la caída significativa del precio de venta de la raíz, el cierre de dos plantas azucareras en la zona y con ello el alargamiento de las campañas de recolección, y las lluvias de este invierno, que complican sobremanera los planes de siembra del cultivo.
La opa apostó por que las decisiones de cada agricultor, que pueden ser sembrar más o menos remolacha, se adopten por razones agronómicas y de rentabilidad económica, y no por lo establecido en un contrato agroambiental, firmado en 2023, cuando la situación era muy distinta a la actual. Además precisó que el pasado año se acordó que no se penalizaría, por la vía de las ayudas, a los productores que abandonaran el cultivo, al no “salirle las cuentas”, acuerdo que obviamente está vigente en 2026. La organización valora positivamente que la Consejería vaya a convocar de nuevo la ayuda agroambiental para quienes pudieran estar interesados en incorporarse al cultivo, por vez primera, en los próximos tres años.
Asaja reclamó que estos cambios se aprueben con inmediatez para poder planificar la campaña de siembra, y con más motivo al ser previsible un periodo próximo de inestabilidad política y parálisis administrativo.
La organización profesional agraria apoya a la Consejería para que defienda en el Ministerio de Agricultura la redistribución de fondos de la ayuda asociada al cultivo, trayendo para Castilla y León el dinero que no se va a gastar en Andalucía, como así figura en el Real Decreto que regula estas ayudas de la PAC en España. Esto podría reportar a Castilla y León 2,65 millones de euros más.
Por último, Asaja pidió a la Consejería de Agricultura y Ganadería que propicie una mediación en los contratos entre AB Azucarera y los remolacheros, evitando cláusulas abusivas de campañas anteriores y remuneraciones que no supongan una venta a pérdidas. La OPA no prevé una pérdida de superficie en este año 2026 en ninguna de las zonas productoras de la Comunidad, por lo que se sembrarán unas 19.000 hectáreas de remolacha, salvo que las condiciones de contratación, que todavía no son claras, empeoren todavía más.
