Defiende que, aunque la sentencia señale un enriquecimiento, «habría que añadir los años que la Diputación no abonó el convenio»
La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha contestado hoy al comunicado remitido por la Diputación Provincial de Palencia sobre la sentencia del TSJCyL sobre la propiedad del Parque de Bomberos de la ciudad y ha destacado que «el Ayuntamiento ha ganado este pleito a la Diputación y que está claro que el Parque de Bomberos es titularidad del Ayuntamiento». El TSJCyL ha negado en este caso el derecho de superficie que reclamaba la Diputación sobre el Parque de Bomberos de la calle Guipúzcoa.
Sobre la frase que ha destacado la Diputación como contrapeso al golpe a sus intereses de que “cuestión diferente es la responsabilidad municipal derivada de su incumplimiento, a todas luces arbitrario y abusivo, que le ha supuesto un enriquecimiento injusto a costa de la Diputación provincial…”, Andrés señala que «el Ayuntamiento tendría muchas cosas que decir, como, por ejemplo, que durante muchos años la Diputación tampoco asumió el pago al Ayuntamiento del convenio por la prestación del servicio».
Pero la alcaldesa señala que «como eso sería, en todo caso, cuestión de otro pleito diferente», desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento, se muestran «muy satisfechos con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que viene a ratificar lo que el Ayuntamiento desde el inicio ha defendido: Que es la titularidad del Parque de Bomberos para el Ayuntamiento», manifestó Andrés en un mensaje remitido a los medios de comunicación. Contra la sentencia hoy conocida, cabe posibilidad de recurso de casación ante el Supremo. La Diputación ha informado que estudiará esa posibilidad.
El conflicto, latente desde que se levantó el Parque, en la década de los 80 del siglo pasado, se había mantenido apartado de los focos durante el tiempo en el que ambas administraciones colaboraron con los servicios de Bomberos, es decir, mientras la capital palentina realizaba salidas a los pueblos e industrias cercanas a la capital, mediante un convenio entre Ayuntamiento y Diputación.
Al no firmarse en los últimos años del pasado mandato, y no fructificar las negociaciones en este, la Diputación reclamó el derecho de superficie en los juzgados.
