El Ayuntamiento de Valladolid interpondrá un recurso de casación ante la anulación de la ZBE, que considera “puramente formal”
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid, según ha informado en redes sociales la Asociación Liberum, que fue la que recurrió el proyecto, aprobado en Junta de Gobierno, y cuya ordenanza recibió el apoyo del Consistorio en pleno en octubre de 2024.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo estima la demanda contra la ZBE de Valladolid y la anula, al no ser conforme con el ordenamiento jurídico. Contra la cual, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, calificó como “puramente formal” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por la cual la Sala de lo Contencioso Administrativo anula la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid, al no ser conforme con el ordenamiento jurídico.
En ese sentido, en declaraciones recogidas por Ical, anunció que el Consistorio interpondrá un recurso de casación, ya que entienden, con el respaldo de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que “es necesario” mantener su postura, puesto que, a su juicio, la resolución judicial “no tiene nada que ver con el fondo” de la ordenanza y “esas cuestiones de matiz formal no invalidan todo el procedimiento”.
Gutiérrez Alberca aclaró que las sanciones efectivas que se han producido hasta el momento, que han reportado (con fecha 9 de febrero) al Ayuntamiento una recaudación de 682.000 euros, “son firmes”. “Aunque el derecho de recurso siempre cabe, no hay ninguna posibilidad, jurídica ni técnica, de anular ni de devolver económicamente la cuantía de esas sanciones, que se dieron en cumplimiento de la ordenanza que estaba en vigor”, detalló.
Además, apuntó que “hoy mismo” convocarán el Grupo de Trabajo de la Zona de Bajas Emisiones para analizar cuál es la situación derivada de esta sentencia y anunció que en el próximo Pleno Municipal, que tendrá lugar el 30 de marzo, trasladarán “la no ejecutividad de los procedimientos sancionadores en el futuro”, con el objetivo de “que se inicien los procedimientos tanto jurídicos como técnicos que permitan dejar de establecer sanciones en el plazo más corto posible”, un periodo que cifró en “un mes como máximo”, a partir de hoy.
De acuerdo con un criterio de “prudencia”, ya que “el alcalde y el equipo de Gobierno consideran que el ciudadano no entendería correctamente que si este proceso judicial está abierto él fuera receptor de unas sanciones en base a una ordenanza que está cuestionada”, la moción que llevarán al próximo pleno buscará, por una parte, “garantizar la seguridad desde el punto de vista contable y jurídica del Ayuntamiento”, y por otra, “salvaguardar a la ciudadanía”, para “no obligar a todas las personas a recurrir de forma generalizada las sanciones que se les pueda establecer”.
En ese sentido, el concejal recomendó a los ciudadanos “que sigan cumpliendo con la ZBA” ya que “en el día de hoy el procedimiento sancionador es el mismo que ayer” y “el recurso de casación “se va a materializar” por parte del Consistorio. Además, explicó que Ecologistas en Acción presentó otro recurso contra la ZBE de la ciudad, sobre el cual la justicia “todavía no se ha pronunciado”.
Plazos
Gutiérrez Alberca aprovechó su comparecencia ante los medios para recordar que “todas estas medidas forman parte de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la cual “la obligación del Ayuntamiento es intentar mejorar la calidad del aire y del ruido en la ciudad”, dos cuestiones que se han tenido en cuenta en el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones. “Los datos que tenemos nos dicen que, de momento, estamos cumpliendo perfectamente con los índices de calidad del aire que se nos solicita por parte de Europa”, destacó.
Cuestionado sobre los posibles escenarios que ahora se abren para la ZBE, el concejal explicó que “el más inmediato” pasa por ver ver si se admite o no el recurso de casación que planea presentar el Consistorio. “En el caso de que se admita, normalmente los tiempos suelen ser de un año aproximadamente, aunque ha habido casos más recientes en los que los plazos se han acortado. Si el recurso no fuera admitido, la sanción tendría plena eficacia y la ordenanza sería nula”, resumió.
