De las numerosas necesidades que tiene la educación pública en Castilla y León, hay una que se considera prioritaria: la normalización de que en cada centro haya personal de enfermería, lo que no solo mejoraría la atención al alumnado con enfermedades crónicas y necesidades especiales de salud, sino que también redundaría en una mejor educación en hábitos saludables, conciliación familiar e incluso gestión escolar, al liberar al equipo docente de unas responsabilidades asistenciales para las que no están formados ni equipados, lo que además les deja en una situación de inseguridad jurídica.
“Cuando entré en el cole, me dejaron un cajón con medicación para un alumno con epilepsia y otro con diabetes”, explicaba Isabel Madruga, profesora y presidenta del sector autonómico de Educación de CSIF en Castilla y León, en el marco de la jornada “Enfermería Escolar en Castilla y León”, organizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha tenido lugar en el Centro Cultural Provincial de Palencia este jueves.
Isabel Madruga es una de las responsables de un proyecto impulsado por este sindicato a nivel regional, pero en coordinación con otras muchas organizaciones profesionales y asociaciones de pacientes y padres de alumnos: una Iniciativa Legislativa Popular que se llevará a las Cortes el próximo 26 de junio y que está respaldada por más de 50.000 firmas, hasta el momento.
El proyecto de ley, que ya ha recibido la validación de la Mesa de las Cortes, busca fue presentado el pasado 7 de mayo de 2025. Desde entonces, además de presentar un documento legislativo consensuado con todos los sectores involucrados y una memoria justificativa, CSIF ha iniciado un proceso de recogida de firmas que concluirá el próximo 26 de junio.
Castilla y León está a la cola en la implantación de la enfermería escolar, una de las principales demandas de familias, docentes y enfermeras. Si en Francia o el Reino Unido, existe esta figura profesional en la totalidad de los centros educativos, con una ratio de una enfermera por cada 500 o 600 alumnos, en comunidades como Madrid o Andalucía, se da una cobertura de entre el 60 y el 70 % y una ratio de una enfermera para cada 700 u 800 estudiantes. Pero en nuestra comunidad, según los datos recabados por CSIF, es “prácticamente nula, con solo 24 enfermeras en toda la Comunidad”, según explicó Isabel Madruga. Esto supone una enfermera para cada 14.000 alumnos.
El proyecto de Ley que se presentará ante las Cortes, y del que se ha hablado en la jornada celebrada este jueves en Palencia, busca garantizar por ley una figura profesional que no solo mejorará la atención, educación e integración de los niños y niñas con necesidades de salud especiales, sino la de toda la comunidad educativa, en todas las etapas –Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y Centros de Educación Especial–, al fijar la obligación de disponer, al menos, de un profesional de enfermería titulado y colegiado, acercándose a una ratio óptima de 1/450 alumnos.
En el Proyecto de Ley que CSIF presentará a las Cortes, y para el que espera recabar el mayor apoyo político posible, se ha calculado una implantación progresiva durante dos cursos y una inversión de 72 millones de euros el primer año y 66,6 millones como coste anual recurrente, entre personal material sanitario y formación. “Aunque puede parecer mucho, estamos hablando de un 0,48 por ciento de los Presupuestos Generales de Castilla y León”, detalla la responsable de la iniciativa. Una inversión que, aseguran desde CSIF, es totalmente recuperable: de cada euro invertido, se estima un ahorro de entre 2 y 3 euros, derivado de la descongestión del uso innecesario de los servicios de urgencias o centros de salud, reducción del absentismo escolar y laboral en el caso de las familias y prevención al evitar agudizaciones y prevenir otros problemas de salud en el conjunto de la comunidad escolar.
Y es que, más allá de las urgencias, la enfermería escolar contribuye al control de niños con enfermedades crónicas, control de botiquines y prevención de brotes infecciosos, puede contribuir a campañas de vacunación, mejorar la educación en hábitos saludables, educación afectivo-sexual o apoyo en salud mental e incluso recabar datos epidemiológicos, según la información recabada por CSIF para la elaboración de este proyecto, en el que ha estado presente también el Consejo de Enfermería de Castilla y León, la organización Confapacal, que agrupa miles de familias y AMPAs, y un amplio tejido asociativo de pacientes.
Siguiente paso, la aprobación por parte de la Junta
Entidades que hoy estuvieron representadas en la Jornada celebrada en Palencia, y que se han unido en el llamamiento a la Junta de Castilla y León para que respalde y apruebe esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
“Pido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que impulse cuanto antes la tramitación parlamentaria de la norma”, aseguró Isabel Madruga, mientras que el presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, puso de manifiesto el apoyo de la organización colegial para implantar “una figura imprescindible” para garantizar los derechos a la educación y a la salud de los escolares, que además puede suponer un ahorro para el sistema sanitario.
